La Fiscalía pide al juez que dicte una euroorden contra Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig

La Fiscalía quiere que se juzgue ya a los golpistas huidos en el extranjero. Tras la activación de la euroorden contra Puigdemont, ahora pide al juez Pablo Llarena que dicte una orden europea e internacional de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí por sedición y malversación, y contra Lluis Puig solo por este último delito.

El caso de Marta Rovira es mucho más complejo. Y es que la secretaria general de ERC se encuentra huida en Suiza y en el país helvético no funciona la euroorden. Por esto, la Fiscalía rechaza pronunciarse de momento y examinará con más detención este caso concreto.

El Ministerio Público descarta además pedir al juez del Tribunal Supremo que dicte una euroorden de detención y entrega contra la exconsellera Meritxell Serret ni contra la exdirigente de las CUP, Anna Gabriel, las dos políticas independentistas fugadas.

El motivo de no activar la orden europea contra Serret sería porque, una vez leída la sentencia, su responsabilidad en los hechos delictivos no encajaría en el delito de desobediencia, aunque también está procesada por malversación, han informado fuentes jurídicas.

Esta decisión la han tomado después de analizar profundamente la sentencia que condenó a los nueve golpistas independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. En la resolución encuentra similitudes con el papel que el Supremo atribuye a Santi Vila, Carles Mundo y Meritxell Borras. Estos exconsellers  fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero absueltos de la malversación, que es el delito con penas de prisión.

El caso de Anna Gabriel es completamente distinto. Ella sólo está procesada por desobediencia y no se puede cursar una orden europea de detención si el delito no conlleva penas de prisión. Además Suiza le ha concedido a la exlíder de la CUP un permiso de residencia de cinco años, justo el tiempo que tarda en prescribir el delito que se le imputa.

A pesar de que la Fiscalía no pedirá la activación de las dos euroordenes, si alguna de ellas volvieran a España sería inmediatamente detenidas y puestas a disposición judicial aunque luego quedarían en libertad.