La Fiscalía Europea, con un fiscal designado por Sánchez, asume la investigación del ‘caso Koldo’

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha comunicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, que asumirá la investigación de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, además de a otros ministerios como el de Fomento, encabezado entonces por el socialista José Luis Ábalos. En la institución está Ignacio de Lucas, fiscal español designado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

La EPPO ha trasladado a través de un comunicado que asumirá la investigación de la totalidad de la trama, cuyo nombre proviene del que fuera ayudante del ex ministro Ábalos, Koldo García. «Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», ha informado el organismo europeo.

Los 22 países de la Unión Europea que han suscrito el pacto fundacional de la EPPO acordaron que la Fiscalía Europea podría hacerse cargo de la investigación de delitos que afecten al dinero procedente de las arcas comunitarias. En el caso Koldo, el Ministerio Público europeo se interesó en la trama porque «esos contratos estaban cofinanciados por la Unión Europea».

A lo largo de estas semanas, la Comisión Europea había estado solicitando información a los gobiernos autonómicos sobre las adjudicaciones que estaban bajo la lupa judicial. El Gobierno español comunicó a la institución con sede en Bruselas que el fraude en la compra de mascarillas presuntamente había afectado a 17,8 millones de euros. De esa cantidad, 14,7 millones se correspondían con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Los otros 3,1 millones procedían del Fondo de Solidaridad

El Juzgado Central de Instrucción número 2, sobre el que recae esta causa, podría negarse a ceder la competencia a la Fiscalía Europea. En ese caso, se plantearía un conflicto de competencias y el Tribunal Supremo sería el organismo que resolvería la cuestión.

«Esta actualización de la información relativa a esta investigación es excepcional y es resultado del significativo interés público sobre ella», recalca en su comunicado la Fiscalía Europea.

Sin embargo, añade que «no se comunicarán más detalles en este momento» pero que darán más información en la medida que sea posible en el futuro. El escrito concluye expresando la voluntad de que la institución notificará su progreso en este caso «de forma proactiva».

Funcionamiento de la Fiscalía Europea

El organismo de la Unión se compone de dos partes, una a nivel europeo con sede en Luxemburgo, y otra a nivel de cada estado miembro. El nivel comunitario está formada por la fiscal jefe europea, la rumana Laura Codruța Kövesi, y un fiscal de cada Estado miembro. Todos ellos forman el Colegio de Fiscales Europeos. En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez designó como fiscal europeo en julio de 2023 al miembro del Ministerio Público Ignacio de Lucas. Todos ellos se encargan de fijar las directrices que determinarán la actuación de la institución.

Sin embargo, el segundo nivel, el de cada estado miembro, está conformado por varios fiscales europeos delegados por cada país. Es decir, cada Estado miembro se encarga de nombrar a miembros del Ministerio Público de su propio país y que conozcan el derecho que se aplica en cada caso, para que persigan los delitos que afecten a fondos de la Unión Europea. Esos fiscales se encargan de la investigación en el terreno, es decir, en cada país. En el caso de España, hay 7 fiscales.