La Fiscalía cree que Bélgica no entregará a Puigdemont: la sedición allí es un delito de orden público
La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que su homóloga en bélgica no entregará al prófugo de la justicia Carles Puigdemont porque el delito sedición –por el que se le reclama– es un delito menor allí y podrían equipararlo a una infracción por desórdenes públicos.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que su homóloga en Bélgica no entregará a Carles Puigdemont a España por un delito de sedición. Se apoyan en la tesis de que este delito en el país belga es «un delito menor» y pueden equipararlo como a una infracción por desórdenes públicos que no contempla la gravedad necesaria para extraditar al prófugo de la justicia.
Sin embargo, en España un delito de sedición está contemplado en el artículo 544 del Código Penal que versa sobre los delitos contra el orden público y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Las mismas fuentes aseguran que si se hubiese condenado a los independentistas por un delito de rebelión y que, por ende, la orden de busca y captura europea se hubiese activado por este delito, no habría duda alguna para entregar a Puigdemont a las autoridad españolas puesto que «el delito de rebelión incluye violencia, atenta contra el corazón del Estado, contra la base del sistema democrático y de eso es más difícil librarse», sentencian.
En España el delito de rebelión está recogido en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal (472 y siguientes) y castiga con hasta 30 años de cárcel a quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
No aceptará sólo malversación
La justicia belga celebrará una audiencia el próximo 29 de octubre y el tribunal de primer instancia decidirá sobre la orden europea –reactivada el pasado lunes 14 de octubre– que contempla la detención y entrega del prófugo de la justicia Carles Puigdemont.
Este jueves por la mañana el ex president catalán se entregó a las autoridades belgas que, tras interrogarle, el juez de instrucción ha decidido dejarle en libertad sin fianza con algunas medidas cautelares como: no salir del país sin ponerlo en su conocimiento y comunicar su domicilio.
Fuentes judiciales aseguran a OKDIARIO que si, tras celebrarse la audiencia ante la Cámara del Consejo, el tribunal decide entregar a Puigdemont reconociendo únicamente el delito de malversación de caudales públicos, España no aceptará la entrega.
Sin embargo, el juez instructor del 1-O Pablo Llarena no desactivará la eurooden para que otros países de la Unión Europea contemplen dicha petición y valoren que ya hay una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo que ha condenado a los otros doce independentistas que no huyeron del país.
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