El ex decano de los abogados de Málaga: «He sido procesado por preservar la salud de los letrados»

El ex decano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara ha sido procesado por un delito de desobediencia por incumplir un requerimiento judicial que implicaba no velar por la salud de los letrados durante la pandemia provocada por el Covid-19. En una entrevista concedida a OKDIARIO, Lara se muestra tajante: «Para mí el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y el derecho a la vida está muy por encima de un requerimiento judicial con apercibimiento». Este viernes miles de abogados saldrán a la calle para mostrar su apoyo al ex decano malagueño. En Madrid la marcha comenzará a las 12 de la mañana y el recorrido se iniciará desde la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en el Paseo de Recoletos 13.

Pregunta.– Usted está procesado por un supuesto delito de desobediencia. ¿Por qué se inició su procedimiento?

Respuesta.– Yo fui decano del Colegio de Abogados de Málaga durante la pandemia. Empecé mi mandato en noviembre de 2012 y terminé en noviembre de 2020. Por tanto, durante la pandemia, el confinamiento y el estado de alarma yo estaba en el cargo como decano. Nosotros establecimos un sistema de asistencia a detenidos por videoconferencia. Es decir, nuestras entrevistas con los detenidos las hacíamos por videoconferencia y la asistencia en sede judicial se hacía por videoconferencia. El juez se encontraba en un despacho, el fiscal en otro, el abogado en una sala y el detenido en otra sala, con lo cual no había ningún contacto entre personas.

Sin embargo, el 6 de mayo la magistrada de Instrucción 10 de Málaga, que se encontraba en funciones de guardia, dijo que ya no había sistema de videoconferencia y que las entrevistas debían ser presenciales. Los abogados teníamos que asistir a entrevistarnos con los detenidos en los locutorios del calabozo. Eso sí, la juez y el fiscal en sus respectivos despachos.

P.- ¿Cómo cambió la situación de los abogados?

R.- Los abogados tenían que entrevistarse presencialmente cuando morían más de mil personas diarias. No había mascarillas, no había aguantes, no había gel, no había pantallas, no había nada. Sólo miedo, caos, desconocimiento e incertidumbre. No sabíamos nada, sólo que morían mil y pico de personas entre aquellos que cumplían más o menos los protocolos y las recomendaciones sanitarias. Los que estaban en el calabozo habían sido detenidos porque, entre otras cosas, no estaban en sus casas confinados y, por tanto, no habían cumplido los protocolos.

P.- ¿Por qué la instructora tomó la decisión repentina de prohibir las entrevistas a los detenidos por videoconferencia durante el estado de alarma?

R.- A la Junta de Gobierno nos sorprendió. Aquella mañana del 6 de mayo nos llamaron del Juzgado para decirnos que la asistencia tenía que ser personal y que identificáramos a los letrados que estaban de guardia. Esto no lo podíamos hacer si no había medidas de seguridad. Si existen medidas de seguridad, la asistencia la puede hacer una abogada embarazada, un abogado asmático, alguien que tenga un bebé, alguien que conviva con personas mayores, es decir, los grupos de riesgo. Pero si no se cumplen las medidas, no.

P.- ¿Y qué decisión tomaron?

R.- La orden era muy clara. El acuerdo de la Junta de Gobierno era que si no había medidas de seguridad, no iba a haber asistencia al detenido. Incluso, el real decreto que había dictado el Gobierno exigía que las asistencias se tenían que hacer preferentemente por medios telemáticos y Málaga tenía medios telemáticos para poder hacerlo. Para mí el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y el derecho a la vida está muy por encima de un requerimiento judicial con apercibimiento. Yo era consciente de que podía terminar donde he terminado: en el banquillo de los acusados.