El empresario al que un ex ministro de Zapatero debe 520.000 € contrata al Cobrador del Frac

Un empresario ha suscrito un contrato con El Cobrador del Frac para intentar recuperar una deuda que supera los 520.000 euros reconocida judicialmente contra el ex ministro de Sanidad Bernat Soria, cuya ejecución lleva años estancada pese a existir una sentencia firme.

El contrato, firmado como adelanta OKDIARIO el 2 de marzo de 2026 según consta en el documento firmado en Madrid, refleja la desesperación de un acreedor que ha agotado las vías ordinarias sin obtener resultado y que ahora encomienda la gestión a la más castiza y reconocible empresa de cobro extrajudicial de España.

Fuentes pulsadas por esta redacción muestran su enfado porque en sus redes sociales familiares el ex ministro de José Luis Rodríguez Zapatero luce vacaciones de lujo por navidad en Suiza a pesar de que supuestamente no tiene dinero.

El contrato, y suscrito entre por Elcofrac SL y la sociedad afectada, señala una deuda de 365.000 euros como importe objeto de la gestión encomendada, vinculada a ambas partes. La documentación de respaldo se describe en el propio contrato como «sentencias y otros».

Deuda judicial

El origen de la deuda se remonta a una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Sevilla el 31 de mayo de 2021, que condenó a Soria al pago de más de 400.000 euros, más 120.000 euros adicionales tasados para intereses y costas.

Sin embargo, la fase de ejecución ha tropezado con la declaración de insolvencia del deudor, circunstancia que, según la documentación judicial disponible, se produjo tras constatarse que «los activos de los que disponía habían sido transmitidos a sus hijas sin justificación económica o empresarial».

Desde 2022, el único mecanismo de cobro activo ha sido un embargo parcial sobre la pensión del ex ministro, con cuotas que rondan los 700 euros mensuales.

A ese ritmo, la cancelación de la deuda llevaría décadas. Mientras tanto, los intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como las sucesivas costas procesales, han incrementado el importe hasta superar los 520.000 euros.

La estipulación primera del contrato con El Cobrador del Frac establece que la empresa percibirá «a la firma del contrato el importe de 1.250 euros + IVA», cantidad que se abona mediante transferencia bancaria y que «no será objeto de devolución, quedando el Arrendador exonerado de las actuaciones que bajo su responsabilidad realice el Arrendatario».

La duración de la gestión, conforme a la cláusula segunda, «será de 18 meses a contar desde la fecha de la recepción de la documentación».

Causa penal pendiente

El conflicto no se circunscribe al ámbito civil. Paralelamente se tramita ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla una causa por presunto delito de alzamiento de bienes contra Soria y sus dos hijas, una figura delictiva que sanciona a quien dispone de su patrimonio con el propósito de eludir el pago a sus acreedores.

El procedimiento penal, iniciado tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en septiembre de 2022, lleva más de tres años sin que se haya señalado fecha para el juicio oral.

En enero de 2026, un magistrado planteó una cuestión de competencia al apreciar que la acusación particular solicita la condena por «delito de alzamiento de bienes en relación a un artículo del Código Penal que lleva aparejada pena máxima superior a la que conoce este órgano».

De prosperar la inhibición, el caso pasaría a la Audiencia Provincial de Sevilla, competente para delitos con penas superiores a cinco años de prisión, lo que añadiría un nuevo eslabón a una cadena procesal que la acusación ha calificado de «dilación indebida que agrava el perjuicio causado al acreedor».

Bernat Soria ocupó la cartera de Sanidad y Consumo entre julio de 2007 y abril de 2009 en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Catedrático de Fisiología y reconocido investigador en el campo de las células madre, su nombramiento fue recibido con expectación en el ámbito científico. Tras su salida del Ejecutivo, retornó al sector académico y empresarial.

La estipulación tercera del contrato suscrito con El Cobrador del Frac prevé que la empresa podrá «comunicar al archivo de morosos de INFORFRAC SA, que está debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos Personales (AEPD)», lo que añade a la presión extrajudicial una potencial afectación a la solvencia crediticia del deudor.

El acreedor, descrito por su propio administrador como un empresario ajeno a la política, que denuncia haber sufrido graves daños económicos y profesionales al no poder ejecutar durante años una deuda reconocida judicialmente, ha optado por la solución más inesperada del repertorio extrajudicial español: enviar a un señor de frac y chistera a reclamar en persona lo que los juzgados no han logrado ejecutar en cinco años.