El director de Soto del Real niega a un abogado la comunicación con un preso que permite Interior

El director del Centro Penitenciario de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera, ha prohibido al abogado de uno de los presos la comunicación teléfonica o telemática con su cliente, contraviniendo las órdenes del Ministerio del Interior durante el estado de alarma. En un correo electrónico del máximo responsable de la cárcel madrileña, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Antón Herrera respondió a la solicitud del letrado que: «No se autorizan videoconferencias con los clientes. Las visitas son presenciales». Una posición que ya ha sido formalmente denunciada por el letrado.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, emitió un comunicado el 29 de abril autorizando la posibilidad de habilitar a los internos la recepción de llamadas para garantizar el contacto con sus abogados y permitiendo, también, las videoconferencias, en los casos en los que fuera necesario. Sin embargo, según las denuncias de varios abogados consultados por OKDIARIO, en la práctica no se está implementando.

Días antes de que entrase en vigor el decreto del Gobierno que declaró el estado de alarma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, decidió cerrar las prisiones desde el exterior, quedando prohibidas las visitas de personales y letrados a los reclusos. El 10 de marzo se suspendieron, oficialmente, todas las comunicaciones no ordinarias y la entrada del personal no penitenciario.

Desde el 15 de marzo, en plena alarma de la crisis sanitaria, se cancelaron, además, todo tipo de comunicaciones, así como los permisos de salida de los internos. Por ello, con el único fin de que no se limitara el derecho a la defensa, los abogados instaron un protocolo para poder comunicarse con sus clientes.

Tras la queja formal presentada por el letrado afectado por la negativa de Antón Herrera -al Defensor del Abogado del Colegio de Madrid (ICAM) y ante la autoridad competente de Instituciones Penitenciarias- el director de Soto del Real «ha rectificado» en su posición inicial. «No puede ser que sólo lo haga previa denuncia o amenaza de que los hechos trascenderán a los medios de comunicación», lamenta el abogado al referirse al director de la madrileña cárcel.

Situación excepcional 

En circunstancias normales, los internos de las prisiones españolas no pueden recibir llamadas, solamente pueden realizarlas -de forma limitada- a través de los números de teléfono autorizados y en los horarios y turnos establecidos por cada centro penitenciario. Por ello, si un interno decide llamar a su abogado, pierde la única oportunidad que tiene de disfrutarla con sus familiares.

A preguntas de este diario, uno de los letrados perjudicado, ha  manifestado: «No entendemos por qué el Ministerio refiere que garantizará la comunicación entre abogados y clientes en prisión, mientras que la realidad es completamente diferente. Por ello, y por desgracia, nos hemos visto en la necesidad de interponer las oportunas quejas ante el Colegio de Abogados e Instituciones Penitenciarias, para que tomen las medidas oportunas si ha existido un trato arbitrario».

«Limitar las comunicaciones entre abogados y clientes es una merma radical del derecho a tener un juicio justo y a defenderse con todas las garantías, algo contrario a lo dispuesto en la Constitución, incluso en pleno estado de alarma», ha añadido el abogado penalista. La última palabra sobre este incidente la tendrá Instituciones Penitenciarias.