El director general de los Mossos considera que los agentes que votaron el 1-O no son sancionables

El nuevo Director General de los Mossos d’Esquadra, quien ha su vez es el responsable de la división de asuntos internos de la policía de Cataluña, considera en un escrito que el hecho de que el pasado 1-O hubiese mossos que participaron en la convocatoria de referéndum ilegal y votasen en la misma, no es constitutivo de ningún delito ni merecedor de sanción administrativa alguna.

Así lo reconoce Joan Andreu Martínez Hernández en un documento al que ha podido tener acceso OKDIARIO en el que reconoce expresamente que “no se pueden deducir posibles responsabilidades disciplinarias o penales” en las acciones de algunos de los miembros del instituto armado catalán que participaron en la consulta convocada por los independentistas.

Miembros constitucionalistas de los Mossos insisten a este diario en que, de acuerdo con lo recogido en el artículo 11.5 de la Ley de Policía 10/94 de la Generalidad de Cataluña, “los miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra llevarán a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre y en cualquier momento y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana».

También de acuerdo con el código de conducta aplicable a los agentes y de acuerdo a las obligaciones propias de los mossos, en virtud del artículo 11.1 D de la misma norma, “es deber de cualquier policía colaborar con la administración de Justicia y auxiliarla en los términos recogidos en la ley”.

Y recuerdan que el pasado 1 de octubre existía una orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, que ordenaba a los cuerpos policiales —Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil— impedir el referéndum, cerrando los colegios electorales.

Estos mismos Mossos han denunciado a OKDIARIO la discriminación que sufren frente a sus compañeros afines al proceso separatista y que se concreta, una vez más, en el trato diferenciado que reciben frente a éstos en la tramitación de los expedientes disciplinarios y en las propuestas de sanciones.

Por ello, han remitido diversos escritos al Defensor del Pueblo para poner en su conocimiento la situación, las presiones que reciben, se han organizado para tramitar las correspondientes denuncias por prevaricación contra sus mandos y anuncian próximas acciones legales.