Dimite el presidente socialista de la Diputación de Valencia tras ser detenido por malversación

El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado la dimisión de su cargo este lunes tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, pero se mantendrá al frente de la Alcaldía de Onteniente (Valencia).

Así lo ha comunicado en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Diputación, arropado por el grupo socialista, en la que ha anunciado su renuncia a la Presidencia y al acta de diputado tras haber sido detenido e investigado por malversación y prevaricación en la Operación Alquería, aunque seguirá como alcalde de Onteniente (Valencia).

Jorge Rodríguez ha dicho que dimite del cargo «con la conciencia tranquila» y seguro de su inocencia y la de su equipo en la corporación provincial, así como convencido de que se pueden haber equivocado o metido la pata «pero nunca la mano».

La decisión de Rodríguez llega después de que durante este fin de semana se hayan mantenido varias reuniones con el president de la Generalitat y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a las que han asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general del PSPV en Onteniente, Rebeca Torró.

Según las mismas fuentes, en esos encuentros se ha considerado que lo más oportuno es que Rodríguez deje sus cargos en la Diputación para poder centrarse en su defensa y, además, no perjudicar al partido con un asunto que de aquí a las elecciones puede ser utilizado por la oposición.

Rodríguez tiene intención de seguir en la Alcaldía de Onteniente porque el asunto que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia en una causa declarada secreta «no tiene nada que ver» con el Consistorio, dado que hace referencia a unos contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación Divalterra.

Desde la formación socialista insisten en que la investigación sobre Rodríguez hace referencia en todo caso a una cuestión «meramente administrativa» y piden que cuanto antes se levante el secreto del sumario para evitar así «juicios paralelos».