Díaz pide intervenir el precio de las residencias universitarias por «hurtar libertades a la clase obrera»

Sumar ha exigido al Gobierno, del que forma parte, que intervenga los precios de las habitaciones de las residencias universitarias ya que, según la formación de Yolanda Díaz, su elevado coste «hurta libertades a la clase obrera». El ala comunista del Ejecutivo asegura que el coste de estas residencias marca el futuro de «las nuevas generaciones de hijos de trabajadores» que no pueden trasladarse a otras comunidades a estudiar porque las becas no cubren todos sus gastos ni les permiten apoyar a la economía familiar.

«La situación supone hurtar la libertad a una generación de hijos de trabajadores de decidir qué estudiar y dónde empezar su proyecto vital autónomo. Una decisión que tiene un alto impacto en las posibilidades y oportunidades (privilegios) en sus próximos años laboral y socialmente», expone la formación de Díaz para criticar.

Ante esta situación, Sumar retrata el fracaso del sistema de becas, a pesar de estar en el Gobierno y tener capacidad de maniobra para incrementar los fondos destinados a esta partida. «El sistema de becas no se adapta a la realidad. Excluye, en primer lugar, a quienes necesitan no solamente no ser gravosos para casa, sino ayudar económicamente con la economía familiar. Y, cada vez más, a quienes a pesar de percibir una beca no encuentran una alternativa residencial por esas cantidades», asegura Sumar.

Sin embargo, la solución no es incrementar las dotaciones económicas a los estudiantes para paliar la perdida de poder adquisitivo que pueda generar su emancipación universitaria. Lo que exige Yolanda Díaz es «desmercantilizar el sector de las residencias estudiantiles, e incorporar el control de precios al alquiler de habitaciones».

Además, propone la construcción de residencias públicas en diferentes barrios de las ciudades universitarias por parte del conjunto de las administraciones públicas y transformar el sistema obsoleto de becas en una transferencia directa de la habitación de estudiante y las tasas universitarias o de ciclos de formación profesional superior.

Sumar quiere un ‘Gran Hermano’

En esta línea, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana desarrolle un registro público de los contratos de alquiler para monitorizar la evolución de los precios a nivel estatal.

La formación de Yolanda Díaz defiende que frente a los informes de precios que hacen los portales, el Ministerio de Vivienda no dispone de información adecuada sobre el comportamiento de la oferta del alquiler residencial, pues se usa de fuente información tributaria que tiene un retraso de dos años y porque en los regímenes forales de País Vasco y Navarra la Agencia Tributaria no puede acceder.

En este contexto, Sumar propone un registro público elaborado de acuerdo con la distribución competencial en materia de vivienda, pero que recoja, de la forma «más fiable y actualizada posible», los contratos de arrendamiento de vivienda que se produzcan en España, para así poder monitorizar la evolución de la oferta de alquiler.

En la proposición no de ley también se propone que haya un registro donde conste el periodo efectivo en el que se producen los servicios de alquiler de arrendamientos de corta duración. Una vez establecidos sendos registros de alquiler de viviendas, Sumar quiere avanzar en un sistema que, mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario y el padrón continuo, permita identificar las viviendas que se encuentren vacías.