Díaz exige expropiar las casas con inquiokupas para después entregárselas en alquiler asequible

Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, la expropiación o la obligación de ceder «la vivienda amenazada con desahucio» para la gestión pública, es decir, las casas con inquiokupas. Todo ello, para entregárselas después a esos mismos ocupantes en alquiler asequible que no supere un 30% de sus ingresos.

Los diputados de Sumar Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, han firmado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Gobierno sobre «medidas previstas para evitar que se produzcan desahucios extrajudiciales» y en la que también piden «iniciar los procedimientos legales necesarios para proceder a la ilegalización de grupos violentos como Desokupa o APD Security Iberia».

La formación magenta propone «erradicar los desahucios» y, para ello, interroga al Gobierno sobre las «medidas que va a aprobar» para conseguirlo. En ese mismo sentido, pone sobre la mesa que el Ejecutivo, del que forman parte, incorpore «la vivienda amenazada con desahucio al parque público», es decir, la expropiación o cesión para la gestión pública de la vivienda con el objetivo de cedérselas después en régimen de alquiler y que «la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar». O, «en casos de vulnerabilidad», propone que se ponga en alquiler «garantizando una renta mínima o una moratoria».

La iniciativa realiza una invectiva contra dos «grupos privados de desalojo». A uno de ellos, APD Security Iberia, lo define como «grupo parapolicial» que está «al servicio de la especulación» y asegura que cuenta «con absoluta permisividad de la policía».

Contra las empresas ‘antiokupación’

«Las organizaciones que se lucran con los desahucios extrajudiciales no tienen cabida en una sociedad como la nuestra», afean en la cuestión parlamentaria suscrita por los diputados de Sumar. «Son el brazo armado del rentismo, expulsando a vecinos y vecinas de forma violenta de donde habitan para poder seguir llenando los bolsillos de especuladores», sostienen.

Los representantes de la formación de Yolanda Díaz aseguran que «el Gobierno de España, a través de los Ministerios de Interior y Justicia» de Fernando Grande-Marlaska debe actuar «con contundencia para interrumpir las frecuentes y numerosas operaciones parapoliciales de grupúsculos como el mencionado, así como para ilegalizar dichos escuadrones».

En su lugar, destacan que desde Sumar «se han impulsado otras iniciativas parlamentarias» que señalan los que, en su opinión, son «abusos, antecedentes penales, denuncias y episodios violentos de estos grupos de carácter uniformado que alteran la convivencia y la paz pública».

Y continúa criticando a Desokupa y a APD Security Iberia porque considera que «sus acciones» son «una vulneración de los principios democráticos, persiguiendo, deteriorando o buscando destruir el régimen de libertades». «Es inadmisible que estas congregaciones de ultraderechistas continúen actuando con impunidad y con el amparo o al menos la permisividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alterando el orden comunitario y la convivencia en nuestros barrios», se quejan los diputados magenta.

Por todo ello, pide «iniciar los procedimientos legales necesarios para proceder a la ilegalización de grupos violentos» como los mencionados anteriormente.

Prohibición de los desahucios

También se interesa por conocer las medidas que «va a tomar el Gobierno para prohibir los desahucios extrajudiciales o, en su defecto, regular o prohibir las empresas, grupos o entidades que se lucran tomando parte en dicha actividad».

Por otro lado, también apuntan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional o Guardia Civil. Los tachan de tener una «actitud permisiva» o «colaboradora» con las que describen como «organizaciones violentas dedicadas al desalojo de personas».

Además de todo ello, pone sobre la mesa la posibilidad de «aprobar medidas» para «erradicar los desahucios», es decir, prohibir por ley expulsar a los okupas de las casas que hayan allanado.

En ese mismo sentido, exige «incorporar la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o en casos de vulnerabilidad, garantizando una renta mínima o una moratoria».