Cuatro ex cargos de Pujol en el banquillo por fraude con las viviendas sociales

Varios cargos del Govern de Jordi Pujol se sentarán en el banquillo de los acusados desde este martes por el supuesto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por Adigsa, empresa pública de la Generalitat para la promoción de viviendas sociales.

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto falso técnico Jose María Penin, ambos militantes de CDC, que serán juzgados junto a otros cinco acusados en la Audiencia de Barcelona.

Según la Fiscalía, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la «extraña intervención» de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.

Un sistema de contratación paralelo

Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda -encabezado por Penin y secundado por Sala y el jefe del área ténica de Adigsa, Jordi Huguet-, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: Jose Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.

Penin, con el aval de Fontdevila, le encargaba de forma informal y con expedientes a medida las obras de rehabilitación a estos empresarios sin que importase demasiado si se hacían bien y que, según una auditoría de Adigsa de 2005, tenían un sobrecoste medio de un 15%.

El fraude tenía otro frente: Fontdevila ordenó supuestamente «caprichosa e injustificadamente» pagar a Penin entre 3.000 y 4.000 euros por tasaciones que nunca existieron y se disimularon con facturas falsas, todo ello con el conocimiento del encargado de Adigsa Xavier Sala, que se enfrenta a 9 años y medio de cárcel.

Penin cobró de esta forma 28.895 euros por trabajos que no hizo y, además, no tenía ni conocimientos ni formación académica necesaria para una tarea para la que Adigsa ya contaba con técnicos internos formados y con estas funciones.