Los críticos advierten a Sánchez: «Acudiremos al Comité de Garantías»

La respuesta de la dirección del PSOE a la dimisión de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva para forzar el cese del secretario general ha provocado una reacción inmediata entre los críticos.

El secretario de Organización, César Luena, se ha escudado en una interpretación literal de los Estatutos, abierta a dudas jurídicas, para aferrarse a la continuidad de Sánchez y frenar la creación de una gestora, como era la intención de los dimisionarios. Los estatutos establecen, en su artículo 36 o, que «cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal».

A esto se agarran desde la dirección de Sánchez para aniquilar cualquier posibilidad de que sea una gestora la que tome las riendas del partido, hasta la elección de un nuevo secretario general. Los críticos habían previsto incluso que fuese Verónica Pérez, mano derecha de Susana Díaz, quien asumiese ahora el control del partido hasta la creación de una gestora, que estaría presidida, según la mayoría de fuentes socialistas, por Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias.

El siguiente paso de los críticos será tratar de llevar esta crisis a la Comisión de Garantías del partido, el órgano encargado de dirimir los posibles conflictos que se produzcan en los distintos estadios de la formación.

Esta Comisión establece en sus reglamentos que ejerce sus funciones “con libertad, autoridad e independencias». Entre sus competencias figura efectivamente el garantizar los derechos reconocidos en los Estatutos y emitir dictámenes a solicitud de diversos órganos colegiados del partido.  

Elegida tras el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general, la composición de esta comisión revela un desigual reparto de fuerzas. Entre ellos hay una ‘susanista’, María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta, y un ‘tomasista’, Wilfredo Jurado, exconcejal en el Ayuntamiento de Parla de Tomás Gómez, destituido en su día de forma fulminante por Sánchez. La preside María Isabel Celáa, quien fuera consejera de Educación y Universidades en el Gobierno vasco de Patxi López. Como secretario figura Félix Bolaños, letrado del Banco de España y miembro del equipo de asesores del secretario general en temas jurídicos.

Luena descartó que convocar a este órgano esté entre sus competencias. Según se establece en su reglamento, este órgano «resolverá las quejas en amparo presentadas para las que resulte competente la Comisión Federal de Ética y Garantías, esto es, las presentadas directamente o en primera instancia si el órgano al que se atribuye la vulneración es la Comisión Ejecutiva Federal».

«La Ejecutiva está deslegitimada»

El diputado andaluz Antonio Pradas ha respondido a las declaraciones de Luena en nombre del sector crítico, asegurando que la Ejecutiva está deslegitimada después de que 17 miembros hayan dimitido.

Los críticos defienden por ello que este órgano no puede reunirse este jueves, como ha avanzado Luena. Pradas ha advertido de que «los socialistas- en referencia a la dirección de Sánchez- deben cumplir la ley» y ha insistido en que, de no hacerlo, acudirán a la Comisión de Garantías.

«Luena no puede hacer de juez y parte y convocar una Ejecutiva que ya no se puede convocar», ha subrayado.