El Congreso rechaza la propuesta del PP para limitar los vetos del Gobierno a leyes de la oposición

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves el intento del PP por frenar una reforma del Reglamento de la Cámara dirigida a limitar los vetos del Gobierno a iniciativas legislativas. En el debate, el PSOE y otros grupos que ejercieron la oposición a Mariano Rajoy han recordado las sentencias del Tribunal Constitucional contra el uso abusivo de estos escritos usados para bloquear iniciativas incómodas.

La capacidad de veto del Ejecutivo tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».

En mayo de 2017, Unidos Podemos registró una proposición de ley, tomada en consideración por el Pleno hace un año, para poner fin al, a su juicio, «abuso» que el Gobierno del PP hacía de esa competencia porque no sólo merma la capacidad legislativa de la Cámara, sino que, además, desoye la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.

En sus recientes sentencias sobre vetos del Gobierno de Mariano Rajoy, el Alto Tribunal ha reconocido que la Mesa del Congreso tiene capacidad de interpretación sobre esos escritos de disconformidad del Gobierno y que no está obligada a aceptarlos de forma automática.

Sentencias del TC

Precisamente, este mismo miércoles, el Constitucional estimó el recurso de amparo que presentó el PSOE contra un acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara el 24 de octubre de 2017 en el que aceptaba el veto del Gobierno de Rajoy a la toma en consideración de una proposición de ley que introducía cambios en la regulación de la unidad de convivencia a efectos del acceso y mantenimiento de pensiones no contributivas.

Para tratar de cambiar esa reforma, el PP defendió este jueves ante el Pleno del Congreso un texto alternativo dirigido a limitar el margen de interpretación de la Mesa de la Cámara ante los vetos que presenta el Gobierno y a impedir que una mayoría en ese órgano de gobierno pueda desoír esos escritos de disconformidad del Ejecutivo.

En su enmienda alternativa, defendida por la diputada Isabel Borrego, se pretende que la Mesa del Congreso se limite a calificar los vetos del Gobierno a las proposiciones de ley verificando si la motivación aportada afecta o no al Presupuesto en vigor. Para ello, el Ejecutivo deberá concretar las partidas presupuestarias que se verían afectadas.

El órgano rector de la Cámara, como de hecho ya hace, podrá solicitar al Gobierno información adicional, si fuera necesario, pero en ningún caso, según el PP, podrá sustituir el mandato que la Constitución confiere al Ejecutivo sobre la gestión presupuestaria «obedeciendo a un criterio meramente político».

La pretensión del PP es que sólo se pueda rechazar la disconformidad del Ejecutivo en caso de no cumplir con esos requisitos jurídicos-formales, esto es, cuando no concrete la afectación al Presupuesto del ejercicio en curso, con los informes preceptivos de la Oficina Presupuestaria de las Cortes y del secretario general del Congreso.

Ciudadanos ha sido el único grupo parlamentario que ha apoyado al PP en esta maniobra, mientras que los demás han votado en contra recordando lo que definen como «abusos» de la era Rajoy. Así las cosas, la reforma reglamentaria de Unidos Podemos podrá seguir su curso en el Congreso y el siguiente escollo será conseguir que se dejen de prorrogar semana tras semana los plazos de presentación de enmiendas al articulado.