El clan Pujol tenía «atemorizados» a quienes se oponían a su ‘modus vivendi’ de corrupción

El clan Pujol impuso su ‘modus viviendi’ de corrupción y negocios al margen de la ley mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años. Así se desprende de un informe de la UDEF que también explica que la familia Pujol no fue denunciada por el miedo a estar «muerto civilmente» de sus coaccionados.

La UDEF resume así el sistema de sobornos que estableció la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso «fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder» en las instituciones catalanas.

Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados». Y es que «sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos».

Es más, el informe de la UDEF, entregado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que Pujol Ferrusola «ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas» al partido.

«Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica», explica el informe.

En este sistema, añade el inspector que firma el documento, «las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aún cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla».

Coacciones hacia los funcionarios

Durante todos los años en que el sistema se mantuvo activo, se impuso una «forma de coacción en el ámbito civil». De hecho, el inspector subraya que «se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían ‘muertos civilmente’ y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña».

Se trataba, al fin y al cabo, de «utilizar la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su ‘modus vivendi’», lo cual «ha sido la práctica diaria» que «se ha venido dando desde antaño» en la administración autonómica catalana.

Según la UDEF, estas «actitudes coercitivas» también se han visto en otro procedimiento judicial que igualmente investiga la Audiencia Nacional, como es el caso conocido como 3%, con «coacciones hacia los funcionarios para cumplir con los designios políticos y favorecer a empresas que pagaban comisiones».

«La coacción constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos criminales y su utilización tiene diversos objetivos, atendiendo a las victimas u objetivos a quienes va dirigida», apunta el inspector.

Y es que, según el informe, de más de 200 páginas, «las conexiones a lo largo de más de 30 años con actividades de corrupción han sido una constante», pues «han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol».

«No han sido acciones delictivas ocasionales y oportunistas, sino una metodología implantada que ha venido funcionando de forma recurrente y que ha impregnado la actuación de múltiples representantes públicos», añade.

A través de este sistema, la UDEF estima que la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso «paladín familiar en la organización delictiva» que era el clan y cuyas actividades encuadrarían «dentro del concepto de crimen organizado».

Según el informe policial, «todos los ingresos» de Pujol Ferrusola responden a la prestación de servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de un complejísimo entramado societario con el que iba blanqueando los ingresos ilícitos.

Aunque «la mayoría de las acciones criminales son fruto de una acción individual o particionada» por el primogénito, explica el inspector, «en todas ellas hay detrás una voluntad implícita de acciones planificadas y estructuradas que comparten los miembros de la familia, si bien no se trata «de la tradicional visión de las organizaciones criminales tipo mafia».