Chivite paga la presentación del informe que pide castigar a policías por torturas a ETA sin demostrar

El Gobierno socialista de Navarra, presidido por María Chivite, financia un acto en Pamplona en el que se presentará el informe que acusa a policías y guardias civiles de ejercer la tortura contra más de mil navarros, la mayoría de ellos relacionados con investigaciones policiales sobre ETA. El documento, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, señala directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por presuntas torturas ocurridas desde 1960 a 2015. Una «violencia no castigada», aseguran sus autores, alentando el relato de víctimas de dos bandos que se intenta imponer al fenómeno terrorista de ETA.

El informe será el protagonista de una conferencia sobre la tortura policial que se celebrará el próximo 3 de marzo en el Colegio de Médicos de Pamplona. Un acto que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, tal y como muestra la cartelería que anuncia el evento.

En la conferencia estarán presentes la directora y la coordinadora de esta investigación, realizada por un grupo adscrito a la Universidad del País Vasco.

El documento que presentarán señala las presuntas torturas policiales que sufrieron «1.068 personas» entre 1960 y 2015. «El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista, y detenciones en régimen de incomunicación principalmente- se han perpetuado hasta tiempos muy recientes, si bien es cierto que en menor medida en los últimos años», asegura el informe.

«Nos encontramos ante una violencia negada, no investigada y, en consecuencia, no castigada. Todo ello, ha generado un sentimiento de desconfianza en las víctimas hacia las instituciones y el sistema de justicia.

El documento ha sido impulsado desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo navarro. El informe – Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad- cuenta con financiación pública y complementa otro trabajo previo, también elaborado por este instituto.

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, destacó al anunciar la finalización del informe el «valor» de este al «visibilizar una gran vulneración de derechos humanos que se produjo en Navarra en las últimas décadas». El Gobierno de Chivite pretende que este documento sirva de base para el proceso abierto de reconocimiento de víctimas «por actos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos» que está llevando a cabo dentro de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, en base a la polémica ley de «víctimas por actos de motivación política».

Criminalizar a policías

El informe criminaliza a la Policía, la Guardia Civil y otros funcionarios públicos, sin aportar sentencias judiciales. Apunta además abiertamente a que gran parte de los supuestos torturados eran etarras.

El Gobierno de Chivite ha abierto recientemente el plazo de  inscripción para que aquellos que lo soliciten puedan ser incluidos bajo la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. 

La norma, de 2019, equipara en la práctica a una víctima navarra de ETA con aquellas que denuncien haber sido «víctimas» de alguna acción de la Guardia Civil u otro cuerpo policial o militar.