El CGPJ aprueba el informe contra la Ley de la Vivienda de Sánchez por lesionar la propiedad privada

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves el informe crítico con el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Elaborado por los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, el texto ha salido adelante con 15 votos a favor y 6 en contra, los de los vocales del sector progresista que apoyaron el primer informe del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que sí daba el visto bueno a la norma a pesar de que varios magistrados, así como una gran parte del sector inmobiliario, habían mostrado su disconformidad. 

El texto aprobado por el órgano de los jueces, que abre la puerta a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional en caso de aprobarse, carga contra el anteproyecto del Ejecutivo, que califica de «farragoso». Así, critica que la nueva ley supone una «clara limitación» de las competencias que ejercen las comunidades autónomas en esta materia, que quedan «expropiadas por el Gobierno». En este sentido, subraya que regular la vivienda «corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia».

Además de limitar las competencias de las comunidades autónomas, el Poder Judicial señala que la el Gobierno de Pedro Sánchez distorsiona categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil con las definiciones, en muchos casos «vulgares», que pretende introducir con la Ley por el Derecho a la Vivienda, algunas de las cuales, además chocan con las ya contempladas por otras leyes.

El CGPJ critica, por ejemplo, que lo pretendido por el Gobierno «supone una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda». En concreto, los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas señalan que el anteproyecto supone «la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil», que establece que la propiedad es «el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».

«Una cosa es delimitar la función social de la propiedad, en cuanto a los deberes que comporta, y otra, al socaire de ello, regular el contenido de las facultades dominicales» argumenta el órgano de los jueces, que señala, además, que «la satisfacción de la necesidad habitacional se funda muy mayoritariamente en la titularidad dominical de la vivienda que, a menudo constituye el principal activo de la familia de forma que puede resultar inoportuna la alteración de su estatuto básico, en momentos de crisis económica como la actual».

Por ello, lo pretendido en este punto por el Gobierno de Pedro Sánchez resulta, a juicio del CGPJ, «incongruente, pues poco tiene que ver la necesidad de ordenación del suelo, con afectación decisiva al interés general, con la propiedad privada e individual de la vivienda donde frente al interés público prima el interés privado del propietario».

El informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial señala también que el proyecto de ley carece de «una justificación suficiente» de la necesidad de las medidas a aplicar,  ya que no evalúa ni los beneficios sociales ni los inconvenientes que se pueden derivar de ellas. Según señalan los vocales, la ley pretendida no cuenta con la información necesaria «para poder determinar si la incidencia que se produce por la aplicación de las medidas» en los derechos a la propiedad privada o a la libertad de empresa «es proporcionada».