Catalá: «La libertad de expresión está garantizada, y el respeto a las víctimas, la Justicia decide»
La tuitera Cassandra es condenada a un año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco
Condenado a 3 años de cárcel el rapero al que Iglesias encargó una canción contra el Rey
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado, con relación al debate sobre las condenas a tuiteros por humillar a las víctimas del terrorismo, que el derecho a la libertad de expresión en España está «absolutamente asegurado y garantizado en nuestra Constitución».
Así lo ha dicho Catalá en su comparecencia en el Congreso a petición de los grupos para que aclare varios aspectos, entre ellos las condenas a la tuitera Cassandra Vera por mensajes de mofa sobre el atentado terrorista de ETA contra el entonces presidente del Gobierno Carrero Blanco, o al rapero Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por injuriar al Rey y ensalzar a ETA en sus canciones.
Para el ministro, «hacer contraponer el derecho a la libertad de expresión con el respeto a las víctimas, la no humillación a las víctimas del delito, de todo delito y muy en particular a las víctimas del terrorismo, es una dialéctica improductiva que no nos lleva a ninguna parte».
Catalá ha añadido, acto seguido, que son los tribunales los encargados de acreditar en cada caso si debe prevalecer la libertad de expresión o el respeto a las víctimas.
En todo caso, ha considerado que es una «opinión muy extendida» que en España el poder judicial es independiente y tutela los derechos de los ciudadanos, cuyo ejercicio, ha reiterado», «está absolutamente garantizado». Ha añadido que las normas pueden ser reformadas pero siempre, según sin criterio, sin contraponer la libertad de expresión con la necesaria protección a las víctimas.
Sobre el derecho a la huelga, Catalá ha recordado la importancia de la reciente reforma del artículo 315 del Código Penal que eliminó la pena de prisión para aquéllos que coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga.
Para el ministro, este derecho a la huelga no puede tampoco ser contrapuesto con el derecho a actividad económica que ejercen los empresarios.
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