Carmena pagó 52.000 € por un informe fantasma sobre el «impacto de género» de la M-30 que no aparece
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dio el visto bueno a gastar 367.000 euros para una "auditoría ciudadana" sobre la gestión de exalcaldes del PP. Uno de los informes era sobre el impacto de género de la carretera M-30. Superado el plazo de entrega los informes no aparecen.
El Ayuntamiento de Madrid desembolsó en 2017 52.000 euros en auditorías sobre la M-30 en temas como el impacto de género, pero estos informes no aparecen después de que se haya superado el plazo estipulado de publicación.
La fecha de entrega, según documentación oficial consultada, era “febrero de 2019”. En contra de lo prometido, la legislatura ha terminado y no se han colgado esos documentos en la web oficial. Estos estudios fueron encargados a empresas afines creadas por fundadores de Ahora Madrid, por ejemplo, Dinamia.
Este diario pidió estos informes mediante la Ley de Transparencia y el Ayuntamiento respondió en repetidas ocasiones que las empresas entregarían su trabajo en febrero de este año y que entonces se publicarían en la web consistorial. Sin embargo, ese mes ya ha pasado con creces, acaba el mandato municipal tras las elecciones de este domingo, y no se ha publicado nada nuevo en el apartado de la Auditoría municipal. Únicamente constan documentos de una primera tanda de estudios que se hicieron al principio de la legislatura municipal, en 2016.
Además de estos sustanciosos encargos a empresas afines, Carmena creó una «Subdirección General de Auditoría de la Deuda y las Política Públicas”, de la que aún dependen dos sueldos públicos que suman más de 50.000 euros al año.
Este departamento municipal precisamente responde por escrito que el encargo en cuestión se llama «Contrato de servicios para la elaboración de informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid” y son seis lotes. Dentro del quinto lote está, en efecto, «Política medioambiental. Políticas municipales en el ámbito medioambiental Impactos del proyecto de soterramiento de Calle 30” donde se incluye: «Análisis del proyecto de inversión de soterramiento de la M30 y otras actuaciones relacionadas: Impacto medioambiental; Impacto económico; modelo de movilidad y desarrollo; inversión y empleo; Impacto social e Impacto de género”.
Los pliegos recogen que los estudiosos tendrían que plasmar como «contenido mínimo en los informes”: la descripción de los elementos fundamentales de la política pública estudiada, una breve descripción de la metodología, el desarrollo de todos los datos y evidencias disponibles, la aplicación de la metodología, la determinación de los principales impactos de la actuación y la elaboración de conclusiones y recomendaciones.
En la solicitud de información pública, por último, se aclara: «Respecto a la fecha de entrega del informe, en el expediente se establece como tal febrero de 2019. En todo caso, el informe se hará público por parte del Ayuntamiento de Madrid y se encontrará disponible al menos en el espacio web de la Auditoria de la Deuda y las Políticas Públicas, www.madrid.es/auditoriadeuda”. Algo que cuatro meses después no se ha cumplido.
Todo el proceso de auditoria fue impulsado por el defenestrado concejal de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato. Tras su cese y las controvertidas conclusiones de la comisión de investigación que montó contra la gestión del PP, Carmena decidió frenar estas actuaciones.
La subdirección se mantuvo con el nuevo edil económico, Jorge García Castaño, pero pasó a depender en el organigrama de la Dirección General de Patrimonio y perdió todo el peso político que tenía. En resumen, miles de euros dedicados a localizar corruptelas de anteriores gobiernos que han quedado dilapidados en informes fantasma encargados a personas afines con vínculos con el Gobierno actual y el grupo municipal de Ahora Madrid.
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