Bruselas investigará la Ley Bolaños tras admitir una petición ciudadana sobre la independencia de la Fiscalía

El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición presentada en noviembre de 2025 por Ignacio Arsuaga, en nombre de la asociación Hazte Oír, contra el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el impulso del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En una carta fechada el 29 de abril de 2026, el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, presidente de la Comisión de Peticiones, comunica que el asunto «entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea» y que ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar.

La admisión no prejuzga el fondo. Es un filtro procedimental que abre la puerta a un examen europeo, pero supone un reconocimiento institucional de que la reforma española plantea cuestiones con relevancia comunitaria en materia de Estado de Derecho.

El núcleo de la denuncia es la decisión del Ejecutivo de trasladar al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción en los procesos penales, función que hasta ahora corresponde a jueces independientes. Hazte Oír argumenta que este cambio vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el Estado de Derecho como valor fundacional, y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que garantiza el derecho a «un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley».

La clave del argumento es estructural: el fiscal general del Estado español es nombrado directamente por el Gobierno y su mandato coincide con el de éste. Atribuirle la dirección de las investigaciones penales a una institución con ese vínculo orgánico con el Ejecutivo es, a juicio de los peticionarios, un riesgo sistémico para la imparcialidad judicial.

Independencia del fiscal

La Comisión Europea no es ajena a esta preocupación. En sus informes anuales sobre el Estado de Derecho de 2022, 2023 y 2024 ya había señalado reiteradamente que «persisten dudas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía con respecto al Gobierno» y había instado a España a disociar en el tiempo el mandato del fiscal general del del Ejecutivo.

En la misma línea, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) señaló en su informe de seguimiento de abril de 2025 que la vinculación entre ambos constituye «una preocupación de larga data que empaña la percepción de autonomía del Ministerio Fiscal en España».

El propio Consejo General del Poder Judicial advirtió en su informe de 27 de junio de 2024 sobre el anteproyecto que el nuevo modelo «sólo puede ponerse en marcha si con carácter previo se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio público». Esa reforma no se ha producido.

El Gobierno ha justificado el cambio argumentando que el modelo de instrucción fiscal ya existe en otros países europeos. La denuncia de Hazte Oír replica que lo que el Ejecutivo obvia es que en esos países la Fiscalía goza de autonomía real respecto al poder político, condición que en España está lejos de cumplirse.

Reforma de la LECrim

El escrito, firmado en Madrid en noviembre de 2025, fue presentado seis días antes del inicio del juicio contra el propio fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo –proceso por el que finalmente fue condenado–, circunstancia que los denunciantes consideran especialmente elocuente del momento en que se impulsó la reforma.

La petición alude también, de pasada, a otros episodios que a juicio de Hazte Oír revelan un patrón de interferencia ejecutiva en la justicia, aunque la denuncia central se ciñe a la reforma procesal.

Bogdan Rzońca comunica que ha remitido la petición a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, el órgano con competencia específica en derechos fundamentales y Estado de Derecho.

El procedimiento puede desembocar en una recomendación formal, en un diálogo político con Madrid o, en el escenario más extremo, en un procedimiento de infracción.

España lleva tres años consecutivos siendo señalada en los informes europeos sobre el Estado de Derecho por la misma debilidad estructural. La novedad es que ahora, en lugar de una advertencia en un informe, hay una petición ciudadana admitida, una comisión parlamentaria que la examina y una Comisión Europea a la que se le ha pedido que investigue. El expediente está abierto.