Bruselas forzó a Sánchez a aliviar el ‘sablazo’ a las eléctricas porque violaba la libre competencia

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 15/10/2021 06:48
  • Actualizado: 15/10/2021 09:53

Bruselas alertó al Gobierno de Pedro Sánchez de que debía modificar su reforma de la ley eléctrica. La UE lanzó una serie de alertas que han provocado el cambio en una de las leyes más anunciadas por parte del Ejecutivo socialcomunista: la que pretendía rebajar el coste del recibo de la luz con cargo a los beneficios de las eléctricas. El primer toque llegó por regular un castigo fiscal a las eléctricas que provocaba la entrada de energía procedente de centrales térmicas francesas discriminando la energía verde española. Y la segunda, directamente, porque el esquema de confiscación de beneficios a las energéticas chocaba con la exigencia de libre competencia en el espacio comunitario al romper las reglas del juego y perjudicar a una serie de empresas.

El PNV ha presionado para defender a las energéticas. Cierto. Pero el factor determinante en la reforma de la ley de la electricidad del Gobierno de Sánchez ha sido la UE.

Las eléctricas recurrieron la decisión de Pedro Sánchez al amparo de la UE. Y Bruselas reaccionó. No por ayudar a ninguna empresa sino por mantener sin violaciones la defensa de la libre competencia en el espacio comunitario. Y lo cierto es que, tanto las ayudas de Estado, como las confiscaciones de los Estados, atentan contra esa libre competencia.

El mensaje de la UE fue extraoficial. Pero muy concreto: si la reforma de la ley energética era aprobada definitivamente sin cambios en el Parlamento, los exámenes europeos sobre el respeto a la libre competencia podrían recoger esa reforma de la luz en España como un caso de violación de la necesidad de libre concurrencia y respeto a la seguridad jurídica. Básicamente porque lo que regula el Real Decreto del Gobierno de Sánchez es una expropiación sin indemnización de los beneficios obtenidos legalmente por las empresas de un determinado sector. Traducido: una confiscación sin apoyo jurídico. Y esa decisión altera la libre competencia y la seguridad jurídica.

En contra de la UE

El toque de atención fue severo. Y no fue el único. Para colmo, la reforma socialcomunista iba en contra de la agenda verde de la UE al premiar, en determinadas ocasiones, energía no verdes, frente a las verdes. Y es que la reforma de la luz preparada por Pedro Sánchez y su ministra de Industria, Teresa Ribera, castigaba a las renovables españolas más baratas.

La UE, por este segundo motivo, también abroncó al Gobierno español. Y es que la nueva norma de Sánchez ha sido capaz ya de expulsar a las renovables españolas más baratas para forzar a comprar energía térmica francesa y hasta carbón de Marruecos.

La Comisión Europea regañó la semana pasada al Gobierno porque el Real Decreto estableció un pseudo impuesto a las renovables más baratas de cerca de 110 euros/MWh. El resultado de ese punto fue directamente el de sacar de las subastas de energía a las centrales con menos costes del sistema.

Así, durante 13 horas del sábado 2 de octubre y 9 horas del domingo 3 de octubre, la electricidad térmica vendida por Francia tuvo prioridad en el uso de fuentes de energía frente a la de centrales verdes o renovables españolas, en concreto, las más baratas.

La locura estuvo propiciada por la reforma de Pedro Sánchez, que estableció una fórmula de fijación de un pseudo impuesto -ni siquiera regulado como tal- para las eólicas y solares que oscila en los 110 euros/MWh, lo que ha expulsado a las verdes más baratas y ha dado prioridad a energías como la producida por las centrales francesas.

Energía francesa

La historia parece increíble, pero se ha convertido en una realidad. La energía renovable, eólica y fotovoltaica, tiene un coste variable cero. La causa es sencilla: el uso del viento y el sol no tiene coste. Por ello, su energía entra la primera en la subasta eléctrica. Pero el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez incluía un pseudo impuesto, que ni tan siquiera se reguló como tal, que genera un coste adicional para las energías verdes -eólica y fotovoltaica- de cerca de 110 euros/MWh. El Real Decreto lo hizo por medio de una fórmula que en estos momentos y con los precios de la energía actual, queda en ese nivel de 110 euros.

El resultado fue que, al sumar los costes fijos de algunas de las centrales verdes españolas, las más baratas, con el nuevo pago fiscal, esas centrales se han quedado fuera de la subasta para dar paso a energía comprada de Francia o incluso generada con carbón procedente de Marruecos. En el caso de Marruecos, hasta procedente de quemar carbón, uno de los combustibles más contaminantes.

Pero nada de todo esto era realmente nuevo para el Gobierno. Y es que los propios equipos jurídicos del Gobierno advirtieron al presidente de que la norma revestía dudas sobre su legalidad.

El plan de Pedro Sánchez para bajar el precio de la luz detrayendo beneficios de las eléctricas pasaba por una fórmula: reducir el pago eléctrico de familias y negocios en la tarifa mensual que abonan por la electricidad y financiar esa pérdida de ingresos por dos vías. La primera, trasladando esos costes al gas, gasolinas y las propias eléctricas por medio de un Fondo de Sostenibilidad, que, automáticamente y de forma obvia, trasladarán a los consumidores, en la medida de lo posible, en cada uno de los productos citados.

La segunda vía era menos alambicada, pero más delicada desde el punto de vista legal. El Gobierno reguló unos pagos, a modo de impuestos, para que las denominadas “centrales inframarginales no emisoras” -nucleares e hidroeléctricas- pagasen cada vez que el precio sobrepase unos niveles prefijados por el Gobierno.

Esto suponía que las vías de vaciado de beneficios a las eléctricas crecían. Y, todo ello, pese a haber realizado esos beneficios en base a un texto legal vigente.Y ese aspecto fue advertido por los asesores jurídicos del Gobierno en las reuniones técnicas de elaboración de la norma. Porque, como los propios asesores señalaron en el transcurso de las reuniones, despertaba dudas debido a la posible consideración de un cobro retroactivo, de una expropiación de beneficios.