Anticorrupción no solicitará la entrada en prisión de los condenados de la Gürtel por la visita del Papa

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido, en contra de su criterio habitual, no solicitar el ingreso inmediato de los dos condenados a mayores penas por la adjudicación directa de unos contratos a la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia. Los beneficiados de este cambio de estrategia son el ex director de Radio Televisión Valenciana, Pedro García, que fue condenado a seis años y nueve meses; y el vicepresidente de la empresa Teconsa, José Luis Martínez Parra, con una pena de once años y siete meses. Así, ambos solo entrarán en la cárcel cuando el Tribunal Supremo declare firme la sentencia.

Los motivos para no solicitar el ingreso inmediato son que, salvo García y Martínez Parra, el resto de los condenados con penas altas ya están en la cárcel y, además, «García llegó a un acuerdo de conformidad y ha pagado casi medio millón de euros»según han explicado fuentes de Anticorrupción a OKDIARIO.

En realidad, el gran beneficiado de esta medida es el empresario José Luis Martínez Parra condenado a 11 años y 7 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Público por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.

Ya en prisión

El resto de los condenados en la pieza de la Gürtel de la visita del Papa con penas altas, de más de diez años, son los principales integrantes de la red corrupta Álvaro Pérez ‘el bigotes’, Pablo Crespo y Francisco Correa, que ya están cumpliendo condena por otra causa de la Gürtel desde el 14 de febrero de 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó su ingreso inmediato, a petición de Anticorrupción, por el elevado riesgo de fuga a raíz de la sentencia de la pieza de Fitur.

El cabecilla de la trama Francisco Correa ha sido condenado a 13 años y siete meses, su número dos Pablo Crespo a 15 y cinco meses y, el responsable de la empresa de la Gürtel Orange Market, Álvaro Pérez, a seis años y nueve meses.

Todos ellos han sido encontrados responsables de los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades y el IVA de Teconsa.

La sentencia

En la causa de Gürtel de la Visota del Papa había 23 acusados, de los que once reconocieron esencialmente los hechos. La sentencia deja fuera al ex consejero valenciano Juan Cotino, y al técnico Luis Sabater, ambos fallecido antes de hacerse pública la sentencia.

La sentencia acredita que, al menos desde octubre de 2005, el grupo dirigido por Francisco Correa, tuvo conocimiento previo de la visita del Papa a Valencia. Con esa información, se iniciaron una serie de actuaciones con el objetivo de conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo del multitudinario evento.

Para conseguir la adjudicación a dedo, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez mantuvieron, directa e indirectamente, reuniones y contactos con el entonces consejero Juan Cotino, con Radiotelevisión Valenciana y con otras personas vinculadas a la Fundación V Encuentro de las Familias, fundación de la que dependía el evento y la contratación del alquiler de pantallas, megafonía, vídeo, escenario, escenografía o vallas a este grupo.

La Sala Segunda de la Audiencia Nacional consideró probado hubo una adjudicación directa a la Gürtel por parte del director general de la RTVV, Pedro García, a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa, Teconsa. La trama consiguió que se adjudicara a dedo el contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en julio de 2006. Según el fallo, la finalidad de los ahora condenados era conseguir un “enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado”. Un sobrecoste de 3.205.375,11 euros.

En la sentencia, los magistrados, explican que el contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, y para ellos contaron con la colaboración de varios empleados públicos de RTVV, también condenados pero con penas mucho menores, y se “antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de ilegalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa”.

Y apostillan que se considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue claramente ilegal pues los acusados del Grupo Correa y el director general de RTVV Pedro García Gimeno primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados.