El adelanto electoral de Sánchez descoloca a los líderes del ‘procés’ y complica su horizonte judicial

El sorpresivo adelanto electoral de Pedro Sánchez, forzado por la debacle de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, desmonta la estrategia que han seguido los cabecillas del golpe secesionista catalán: dilatar el proceso que se sigue contra ellos en el Tribunal de Cuentas para edulcorar las responsabilidades económicas que se les exigen, con un presidente del Gobierno entregado a sus exigencias y que ha ido avalando continuas decisiones que han suavizado este cerco judicial contra Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y el resto de golpistas implicados.

Esas dilaciones interesadas se topan ahora con un adelanto electoral que, con seguridad, hará que el juicio contra ellos en el Tribunal de Cuentas tenga lugar con un nuevo Gobierno y, si se confirma el vuelco, eso hará que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pasen a estar bajo la dependencia orgánico-administrativa de un Ejecutivo de centroderecha. Un Gobierno de centroderecha podría volver a las posiciones más rigurosas de la Fiscalía e incluso a maniobrar para intentar defender los intereses públicos solicitando que el Estado se personara en la causa como perjudicado, con sus letrados como acusación contra los independentistas procesados.

Son 34 encausados en total que se enfrentan a unas peticiones de conjunto de entre 3 y 5 millones de euros por malversación de caudales de la Generalitat al servicio del golpe secesionista. Y a eso hay que sumarle los cuantiosos intereses que también tendrán que abonar, calculados desde el momento en que se produjeron los hechos hasta que salden la deuda.

Concesiones de Sánchez

Todo parecía seguir en orden hasta que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocaba elecciones para el próximo 23 de julio «asumiendo responsabilidades» tras el duro revés sufrido en las urnas por el PSOE y Podemos el pasado 28 de mayo. Ha sido un vuelco político rotundo que se vislumbra como antesala de las elecciones generales, un relevo en el poder que no han visto a tiempo los 34 ex altos cargos de la Generalitat procesados por malversación.

Y es que todo ello complica el horizonte jurídico de los imputados por malversación de caudales públicos en el procés. Conscientes de que Sánchez debía su sillón en La Moncloa al independentismo, los golpistas presionaron para arrancarle concesiones y beneficios procesales. Han sido evidentes. En enero del 2022 la Abogacía del Estado se retiró como acusación en esta causa del Tribunal de Cuentas, argumentando que no entendían que el procés hubiera perjudicado a los fondos públicos del Estado. El argumento que esgrimió la Abogacía fue polémico, más aún teniendo en cuenta que la Generalitat no ha querido personarse en el Tribunal de Cuentas como administración perjudicada.

La retirada de la Abogacía del Estado y la no personación de la Generalitat hace que, más allá de la forzosa presencia de la Fiscalía, la única entidad que ejerce la acusación en este proceso es Sociedad Civil Catalana. Sorprendentemente, la Administración no actúa para resarcirse del dinero público malversado.

La Generalitat avala a los acusados

Pero ha habido más concesiones por los arreglos entre el PSOE y el independentismo. Así, un mes después de que la Abogacía del Estado se retirara como acusación, el Tribunal de Cuentas reculó, cambió el criterio que había mantenido anteriormente y pasó a consentir que la Generalitat (administración perjudicada) avalara las fianzas que se les exigen a los procesados (sus perjudicadores). En este cambio de guión, la Generalitat no sólo insiste en no considerarse perjudicada por el dinero público que se malversó para el golpe independentista, sino que se pone del lado de los acusados para avalarles.

Pero la lista de beneficios procesales para los cabecillas del procés suma y sigue. Así, en abril de 2022, la Fiscalía rebajó de manera muy considerable la cantidad que se reclama a los acusados por el dinero público desviado para organizar el referéndum ilegal y para promocionar la acción independentista en el exterior: de 9 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclamó inicialmente, la Fiscalía ha pasado a pedir a los acusados 3,4 millones. Sociedad Civil Catalana, sin embargo, mantiene una petición mínima de 5 millones de euros contra ellos.

En la demanda, el Ministerio Público vistió sus rebajas a favor de los procesados citando “un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo en cuanto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autoría de las mismas”. Destaca el texto el respeto por “la libertad ideológica”, lo que llevó a la Fiscalía a excluir gastos sobre inversiones o viajes para conferencias o actos culturales, aunque en ellos se defendiera también el derecho a la autodeterminación.

Horizonte jurídico

Y mientras el Gobierno se ha encargado de ir aliviando el cerco judicial en el Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés –a cuyos cabecillas condenados a cárcel en la jurisdicción penal ya indultó Sánchez– los acusados han ido dilatando el proceso para, entre otras cosas, que el juicio del contra ellos en el Tribunal de Cuentas no tuviera lugar en año electoral y que, de paso, no comprometiera los intereses electorales. Todo eso, a su vez, con la confianza puesta en un revalidado Gobierno de izquierdas, con el independentismo como decisiva llave de mando que facilitara una sentencia edulcorada a la medida de los acusados.

Pero todo ese panorama dibujado por los secesionistas con la colaboración del PSOE se ha trastocado por completo, según indican fuentes directamente relacionadas con la causa. El último recurso presentado por los acusados ante el Tribunal de Cuentas, del que informó este martes en exclusiva OKDIARIO, retrasa de nuevo la fijación de fecha para la celebración del juicio. A finales del año pasado se celebró la audiencia previa y, a estas alturas, no se vislumbra cuándo tendrá lugar la vista para dictar sentencia.

Hasta ahora, fuentes de la acusación veían más que probable que el juicio no tuviera lugar hasta pasado este 2023. Ahora, por mucha prisa que quisiera darse el Tribunal, por una elemental cuestión de plazos es imposible celebrarlo hasta que no haya un nuevo Gobierno. Y esto cambia radicalmente el horizonte judicial que han manejado hasta ahora los cabecillas del golpe catalán. Ahora, ponen su preocupado punto de mira en quién forme gobierno tras las elecciones de julio y con qué socios.