Transportes incumple su promesa con los camioneros: implantará peajes sin consenso con el sector

La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha aseguró que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y ha apelado a «no aplazarlo más». Unas afirmaciones que incumplen la promesa hecha por su antecesor, Pedro Saura, al colectivo de transportistas y camioneros de no imponer peajes en las autovías hasta alcanzar un consenso con el sector. Algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Raquel Sánchez, titular de Transportes ha señalado que «la previsión es poderlo presentar en unos meses, hay un compromiso también con la  Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que nos sitúa en un plazo máximo de inicio del 2024 y, por lo tanto, después de este diálogo y de ese consenso que queremos obtener, no queremos demorar la aplicación de ese sistema».  «Tenemos al menos este margen para poderlo aplicar y estamos trabajando para poderlo anunciar y sobre todo que sea conocido, para también la tranquilidad de los sectores principalmente afectados» continuaba la ministra.

Unos sectores afectados que no están para nada tranquilos. Por un lado, el ministerio ha incumplido de la promesa de contar con su consenso para sacar adelante esta fórmula de pago por uso, algo que no ha ocurrido. Y por otro, el sistema de peajes que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa de manera exponencial la carga fiscal de los camioneros y transportistas, lo que reduce la competitividad de las empresas españolas de trasporte de mercancías.

La secretaria de Estado de Infraestructuras afirmaba que los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras son «insuficientes», por lo que considera que España debe dar un «paso más» hacia los cambios que demandan las autoridades europeas.

Desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) apuntan que, parte de esta iniciativa de que sean los usuarios los que sufraguen el mantenimiento de las carreteras parte de una falta de criterio a la hora de asignar los recursos presupuestarios. «En los Presupuestos más expansivos de la historia el Gobierno da una mayor partida a otras cosas, como pueden ser las televisiones públicas que a la continuidad de la red de carreteras, pese a que la red de autopistas y autovías es necesaria para la continuidad de la actividad económica, ya que la gran mayoría de los sectores dependen del transporte» apunta Ramón Valdivia, director general de ASTIC.

Diferencias con Europa

La propia ministra de Transportes aseguraba que «se tratará de un sistema que esté a la altura y que esté en la línea de lo que se viene aplicando por la mayoría de estados de la Unión Europea. Recordemos que de los 27 Estados miembro, 24 ya tienen implementado y aplicado un sistema de tarificación en este en este sentido y seguimos adelante con nuestro compromiso».

Sin embargo esta situación no es del todo real ya que el pago por autovías no existe en Albania, Estonia, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Ucrania, mientras que otras regiones como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países bajos y Suecia se paga únicamente por algunos túneles o puentes de carga. Un mapa de pago por uso que tiene un significado especial: son los países del centro de Europa -que son utilizados por transportistas nacionales he internacionales a partes iguales por su situación geográfica- los que si tienen peajes o pagos por uso.

Sin embargo, países periféricos, como es el caso de España, el uso de carreteras es gratuito. ¿La razón? Que al no ser países céntricos, los que más transitan sus carreteras son los transportistas nacionales, lo que generará una doble presión fiscal para los transportistas españoles, ya que en nuestro país el mantenimiento de las redes viales ya está incluido en los diversos impuestos sobre los combustibles. Teniendo en cuenta sólo el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas.