El presidente de Opel España investigado por una presunta estafa

Antonio Cobo, presidente de Opel España, está investigado por un delito de presunta falsificación en documento privado, tal y como ha podido saber OKDIARIO. Asimismo, hay varios directivos incursos en la misma causa, así como el despacho de abogados de Uría y Menéndez y la consultora KPMG.

Según ha podido saber OKDIARIO, Miguel Ángel Rodríguez, propietario del grupo Gerar Automoción, ha demandado a la empresa automovilística. El Grupo Gerar tenía dos concesionarios de la firma Opel en la Comunidad de Madrid, (una en Alcobendas y otra en Tres Cantos) que llevaban 30 años vendiendo coches de esta marca perteneciente en su momento a General Motors.

La propia firma decidió establecer un concesionario propio en Madrid, según apuntan las fuentes consultadas, que registraba pérdidas por la presencia de estos concesionarios propiedad de un particular. Así que, según la versión del demandante, la marca decidió unilateralmente cerrar las concesiones mencionadas (comunicándolo un 26 de diciembre para hacerlo efectivo un 2 de enero), por pérdida de confianza.

Opel cerró dos concesionarios

Al preguntar Gerar en qué se basaban para tomar esa decisión, adujeron que habían recibido un anónimo en el que se explicaban prácticas irregulares de venta en los coches de demostración. Unas prácticas que, según Rodríguez, son muy habituales en el sector y de las que Opel estaba perfectamente informada, pues llevaban 30 años trabajando con ellos.

Según Opel, dichas prácticas se hacían en ambos concesionarios, por lo que la marca del rayo decidió cerrar las dos concesiones sin posibilidad de argumentar nada. Tras un primer juicio, que fue desestimado, la administración concursal de las concesiones ha decidido demandar al presidente Cobo, a la cúpula directiva de la marca, al despacho de abogados y a la auditora, alegando la presunta falsedad del anónimo referido.

Parece ser que los directivos están citados a declarar en un juzgado de Zaragoza, (el número 10 de instrucción) pues otra de las «argucias» legales, según Rodríguez, fue que el asunto se juzgara en Zaragoza (con la fuerza que Opel tiene allí al contar con la planta de Figueruelas) aunque los concesionarios estaban en Madrid y la dirección comercial de la marca del rayo también se encuentra en la capital española. Fuentes de Opel nos aclaran que los juicios en España se celebran siempre, allí donde la parte demandada tiene su sede social.

Grupo Gerar establece la indemnización conjunta por este perjuicio en 15 millones de euros (equivalentes a dos años de lucro cesante que es lo máximo que pueden pedir los concesionarios) pues el mencionado grupo familiar tuvo que cerrar, poniendo en la calle a 80 personas entre las dos concesiones.

A tenor de esta información, OKDIARIO ha contactado con el que fuera presidente de Faconauto , Antonio Romero-Haupold. El que fuera presidente de la patronal de los concesionarios confirma que en España aunque se aprobó una ley de distribución, transcurrido tan sólo un mes, fue suspendida ante la amenaza de muchos fabricantes de coches con trasladar sus plantas fuera de España.

Las marcas, por falta de confianza, pueden rescindir los contratos con sus asociados sin tener prácticamente ningún derecho, debido a los contratos leoninos que les hacen firmar, apuntan fuentes del sector, que dicen que son en algunos casos, malas traducciones de contratos provenientes de otros países. Rodríguez asegura a este periódico, que las marcas ‘ahogan’ a los propietarios de concesión con abogados y asuntos de todo tipo, imposibles de afrontar.

No es la primera vez que Opel ha tenido problemas con sus concesionarios. Los últimos casos se veían en Castilla-la Mancha y Andalucía. Romero apunta que, si finalmente el juez zaragozano sentenciara a favor del concesionario, una cascada de denuncias caerían sobre Opel. Insiste en que es práctica habitual argumentar la falta de confianza para cerrar una concesión. No sólo de esta firma sino de las otras también.

Opel estudiará posteriores querellas

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Opel España. Su departamento jurídico asegura que la rescisión de estas dos concesiones se debió al mal uso que daban a la hora de vender estos vehículos de representación y por los que los demandantes, se «embolsaban un buen dinero realizando tremenda estafa» como demostró una auditoría interna.

El responsable del departamento ha asegurado a okdiario que la demanda sólo demuestra la mala fe que les motiva y aclaran que estudiarán posteriores querellas, una vez que este caso se juzgue. Creen que lo que se persigue presentando una querella criminal, es encontrar una salida que recoja sus pretensiones económicas.