Los pisos turísticos piden invalidar el «decreto Aragonés» por el conflicto de intereses con sus hoteles

El sector de los pisos turísticos pide invalidar el decreto Aragonès por los intereses del expresident en el sector hotelero. En concreto, esta petición llega tras conocerse esta semana que Aragonès regentará la cadena hotelera de su familia, Golden Hotels, competencia directa de las viviendas legales de uso turístico, cuyas licencias serán derogadas en el 2028 tras la aprobación del decreto catalán, aprobado bajo su mandato como President de la Generalitat.

Por tanto, los pequeños propietarios y ahorradores particulares afectados por el Decreto Ley 3/2023 promulgado bajo su mandato consideran que el expresidente pudo intervenir en situación de conflicto de intereses.

Los propietarios recuerdan que el decreto, no sometido al debate parlamentario y al consenso, y firmado por Aragonès en los últimos días de su trayectoria al frente de la Generalitat de Catalunya, promulga la eliminación de los pisos turísticos legales de particulares. La desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el decreto Aragonès, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Catalunya por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York.

«El decreto Aragonès expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras, convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo”, denuncia el presidente de FEDERATUR, David Riba. «El segundo afectado son las familias que necesitan una oferta que les permita acceder a alojamientos turísticos con unas condiciones más acordes a sus necesidades y a un precio más adecuado para sus bolsillos», explica Riba.

FEDERATUR recuerda que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se mostraron contrarias a la legislación catalana advirtiendo que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta de vivienda, que la eliminación de las viviendas turísticas.

Los pequeños propietarios reiteran que el decreto ley catalán, que ya han denunciado frente a las instituciones europeas, infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y contraviene la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa.

Engaño a la ciudadanía de Pere Aragonès

Otra de las alertas del sector es que la actitud de Aragonès se está reproduciendo en la clase política que actúa de manera consciente generando informaciones erróneas en torno a los pisos turísticos legales y mintiendo a la ciudadanía cuando se les acusa de ser los causantes de la falta de vivienda para tapar la falta de políticas públicas reales para crear una mayor y mejor oferta. Las viviendas turísticas reguladas en Barcelona solo representan el 1% del parque total de la ciudad y nada garantiza que vayan a pasar al mercado del alquiler de larga duración si se eliminan las licencias, ya que cada propietario, en base al derecho de propiedad, decidirá el uso que le dará a su inmueble. Asimismo, los propietarios también advierten que su eliminación sí que comportará la desaparición de un sector regulado y normalizado, dando un paso atrás que hará aflorar la oferta ilegal en la ciudad.

Como consecuencia de esta situación, FEDERATUR, que engloba a APARTUR, ATA y AAT, ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios para presentar un escrito en el Parlament con el objetivo de que se reabra el debate político, ya que consideran que el decreto se aprobó en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo.