Papeleras y metalúrgicas europeas piden «seguridad regulatoria» frente a la reforma eléctrica de Ribera

La reforma del mercado eléctrico europeo mantiene a todos los actores del sector en pie de guerra. Tres de las mayores industrias consumidoras de energía, papeleras, fabricantes de aluminio e industrias metálicas no férricas se oponen al modelo de reforma defendido por la ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Las asociaciones empresariales piden «seguridad regulatoria» para crear, dicen, «un mercado europeo favorable a la inversión». Para los grandes consumidores de energía eléctrica, debe ponerse fin a las llamadas ‘medidas de emergencia’ adoptadas por la Unión Europea (UE) en 2022. Y aseguran que «institucionalizar el tope de ingresos del mercado sería un error».

Precisamente uno de los puntos en que España y su ministra del ramo, Teresa Ribera, más énfasis han puesto. De ahí que concluyan su carta de forma categórica: «Pedimos que los legisladores escuchen a los compradores reales de energía renovable y presten atención a sus necesidades».

Las industrias quieren tener las manos libres en todo lo referido a dejar que empresas consumidoras y compañías productoras puedan establecer acuerdos de compra-venta de energía a largo plazo y con precio fijado (los conocidos como PPA) sin trabas políticas o administrativas.

La petición de los grandes consumidores de electricidad se ha hecho en forma de carta dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea coincidente con la presidencia rotatoria que corresponde este semestre a España.

La carta, hecha pública el lunes pasado, está firmada por la Plataforma RE-Source (comercializadores de energía renovable corporativa, compradores y desarrolladores de energía); la representante de la industria papelera y de pulpa de celulosa, Cepi; por European Aluminium y por Eurometaux, que representa a la industria de metales no ferrosos.

Las entidades firmantes de la misiva al Parlamento y el Consejo de la Unión Europea piden que «no aprueben disposiciones que desalienten el abastecimiento corporativo de energía renovable». Y concretan en cinco puntos básicos sus exigencias: El primero de ellos persigue que se desbloqueen los PPA corporativos con un tratamiento diferente a los PPA entre particulares. Y aseguran: «Es intrínsecamente contradictorio que los políticos quieran promover los PPA como una herramienta de mercado y al mismo tiempo buscan volver a regular y estandarizar. Las empresas necesitan la libertad de implementar sus propias estrategias de adquisición que mejor se adapten a sus necesidades energéticas».

En segundo lugar, la industria quiere que se despeje el camino para el mercado de energía renovable. Para las empresas, los PPA, los proyectos comerciales o los contratos voluntarios por diferencia (conocidos como CfD) son «rutas legítimas al mercado y juegan su papel en la construcción de nueva capacidad de energía renovable».

En su tercer ‘principio básico’, las empresas subrayan que los PPA corporativos incluyen el nivel de riesgo financiero implícito en un contrato a largo plazo o el marco normativo nacional, o los costes de configuración y consolidación en el caso de las energías renovables. «Las barreras generales para el despliegue de energía renovable, como los permisos o la expansión lenta de la red también afectan el mercado de PPA», destacan.  Y piden, de forma tajante:»Centrémonos en resolver estos problemas mediante el uso de todas las herramientas basadas en el mercado para aumentar el despliegue de energías renovables y reducir persistentes precios elevados de la electricidad».

Acabar con las medidas de emergencia

«Brindar certeza regulatoria y poner fin a las medidas de emergencia», son la cuarta directriz que recomiendan las industrias para quienes «los compradores corporativos de energía y los proveedores de energías renovables necesitan certeza regulatoria que cree un entorno favorable a la inversión».

«Las medidas de emergencia introducidas en 2022 deben terminar», señalan.

En clara referencia a una de las claves del proyecto de reforma del mercado defendido por la ministra española Teresa Ribera las industrias advierten: «Institucionalizar el tope de ingresos del mercado sería un error, ya que no ha ofrecido precios más bajos para los consumidores, disuade la
inversión y crea cuellos de botella en el mercado de PPA. Debemos poner en marcha un diseño de mercado que ofrece inversiones en nueva capacidad de energía».

En su opinión, el diseño del mercado debe ofrecer «electricidad segura, libre de carbono, asequible y competitiva a nivel mundial para los consumidores de electricidad de Europa, las industrias y la sociedad en su conjunto».

Pero, sobre todo, piden prudencia a los políticos. «Recordamos a los formuladores de políticas que no se ha realizado ninguna evaluación del impacto de la propuesta de la Comisión Europea y desde luego no de la
obligaciones de información de transparencia (base de datos de la UE), plataformas de negociación o contratos estandarizados que se debate en el Parlamento Europeo». Para advertir «contra la adopción de medidas
que podrían tener un impacto en la transición energética y el logro de los objetivos climáticos».

Desde luego, los industriales no son los únicos que se oponen a esta norma. Hace apenas unas semanas siete países de la UE, encabezados por Alemania (Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia), remitieron otra carta a la Comisión Europea para reclamar una reforma parcial del mercado eléctrico.  Es decir, una reforma «limitada» frente a la reforma «estructural» que propugna el ejecutivo de Pedro Sánchez con el fin de mantener los beneficios que el sistema ha aportado en la última década.

A principios de junio pasado eran los productores europeos de energía eólica agrupados en torno a Wind Europe (su patronal europea) los que pedían al Parlamento Europeo que se ciñan al proyecto de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen. Al mismo tiempo, aseguraban que la propuesta española, defendida en el parlamento comunitario por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, «propone cosas inútiles».