OCU llama la atención al regulador sobre el cobro de operaciones en ventanilla de BBVA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera injusta la comisión de dos euros que BBVA va a comenzar a cobrar a partir de enero a sus clientes por las retiradas de efectivo en ventanilla. De esta forma, la OCU consultará al Banco de España sobre la procedencia de esta práctica que también han empezado a realizar otras entidades.

OCU ha puesto de manifiesto que, según establece el propio Banco de España, el servicio de caja- entendido como sacar e ingresar dinero, disponer de saldo mediante cheque y atender recibos- ya se retribuye a través de la comisión de mantenimiento y por tanto generaría una duplicidad en el cobro de este servicio.

Además de este cobro por las operaciones en ventanilla, BBVA ha tomado la decisión de endurecer las condiciones para sus clientes y que estos accedan a beneficios que están asociados a sus cuentas. El banco pedirá una mayor vinculación, importante sobre todo para el servicio de mantenimiento y también para el uso de las tarjetas o las transferencias inmediatas. Si no cumplen los requisitos del banco con respecto a su perfil de cliente, se les aplicarán comisiones.

Exclusión de consumidores vulnerables

La asociación entiende que el objeto de esta comisión es desincentivar las operaciones en ventanilla en favor del uso de cajeros automáticos por el ahorro de costes que supone para el banco.

Sin embargo, ha apostillado que este tipo de prácticas resulta un elemento más de exclusión financiera de muchas entidades hacia las personas mayores y consumidores vulnerables, que deben enfrentarse a problemas sensoriales, cognitivos y de movilidad que dificultan o impiden situaciones aparentemente sencillas como extraer dinero de un cajero, lo que ocasiona importantes inconvenientes en la vida cotidiana de muchos consumidores.

Asimismo, OCU ha lamentado la pasividad del Gobierno en el ámbito de la exclusión financiera a mayores y vecinos de poblaciones sin oficina bancaria y sigue esperando respuesta a las cartas enviadas el pasado mes de mayo a los ministerios de economía, consumo, derechos sociales y transición ecológica solicitando, entre otras cosas, que el servicio bancario físico se considere como servicio básico y universal y el Estado garantice que llega a toda la población.