Un informe clave contra acusados en Acuamed se creó 2 años después en el ordenador de la denunciante

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 23/01/2022 06:45
  • Actualizado: 24/01/2022 18:35

Un escrito enviado a la Audiencia Nacional por una de las defensas del caso Acuamed, que investiga un supuesto pacto entre constructoras y la ex cúpula de la firma para pagar sobre precios en las obras a cambio de regalos, ha puesto patas arriba este proceso, que se inició en 2015 por una denuncia de tres directivos de la compañía y que siete años después sigue en la fase de instrucción -se acaba de prorrogar tres meses más a petición de FCC y Acciona-.

Como ha publicado este diario este sábado, en el escrito se acusa a altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y al presidente de Acuamed, Javier Baratech, que son parte de las acusaciones en el caso, de participar en la elaboración de los peritajes de las obras, algo que el juez Manuel García Castellón encargó exclusivamente a dos peritos independientes del Colegio de Ingenieros. El peritaje de las obras es la prueba clave del caso puesto que sin ellos no se puede determinar si el precio de las obras se infló y si se pagaron sobre costes por parte de la ex cúpula de la empresa pública.

Además, el escrito denuncia que dos ingenieros funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica elaboraron realmente el peritaje que luego firmaron y entregaron al juez los dos peritos independientes. Pues bien, la constructora demuestra también -con un informe de un experto informático- que para la elaboración de uno de esos peritajes los peritos utilizaron un informe que resultó ser clave para las conclusiones que fue elaborado en junio de 2018 en el ordenador de una de las denunciantes del caso, Gracia Ballesteros. Esta es la imagen aportada por la constructora que prueba el autor del documento:

El escrito destaca dos irregularidades, que tumbarían como prueba estos peritajes. Primero, el juez García Castellón ordenó en marzo de 2018 a dos peritos independientes realizar los peritajes con «la documentación intervenida» en los registros -realizados en enero de 2016-, «con los informes policiales», y con «reconocimientos» físicos de las obras. Por lo tanto, no sería posible porque no lo permite el juez utilizar nuevos informes creados dos años después de los registros.

Y segundo: el documento se crea desde el ordenador de Gracia Ballesteros, una de las directivas de Acuamed denunciantes del caso en 2015, que no participó en la obra en cuestión. Ballesteros no era la responsable de esta obra, Cerro Colorado, que tenía que permitir llevar agua de la desaladora de Águilas a los regantes de Lorca mediante una tubería. Sin embargo, desde su ordenador se hizo un documento clave para el resultado final del peritaje que el perito independiente decidió incluir en su informe final pese a que no está ni fechado ni firmado por nadie -sólo lleva el logotipo de Acuamed-.

Según las fuentes consultadas, el informe creado en el ordenador de Ballesteros es clave para que el perito judicial haya señalado que Acuamed pagó a la constructora 800.000 euros de más por el movimiento de tierras. Un documento sin fechar y sin firmar, creado dos años después de los registros de la empresa, y en contra de lo dictado por el juez del caso. La fiscal, Inmaculada Violán, no ha utilizado esta conclusión del perito para añadirla a sus acusaciones contra la constructora.

Ballesteros, imputada

Se da la circunstancia de que Ballesteros está siendo ahora investigada en una pieza separada del caso por hacer supuestamente lo mismo que denunció de sus superiores en 2015, denuncia que dio origen a este caso utilizado por el PSOE para cargar contra el PP a cuenta de la corrupción. Ballesteros está acusada de modificar las puntuaciones de un concurso para favorecer a una constructora, Contratas Vilor, relacionada con su entonces jefe en la compañía, Francisco Valiente.

Otra de las denunciantes, Azahara Peralta, también del equipo de Francisco Valiente, también está siendo investigada por supuestamente desviar un millón de euros públicos de la obra de descontaminación del embalse de Flix.