Los impagos de Hacienda con las ayudas al gasóleo obligan a los transportistas a pedir préstamos a la banca
El sistema ideado por el Gobierno para ingresar a los transportistas -y agricultores- las ayudas para la compra de combustible para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán trae de cabeza a las empresas del sector. No solo por la complejidad del mecanismo, que les impide saber cuánto les costará repostar en tres meses, sino también por los retrasos de Hacienda en el abono de las cuantías, hecho que ya ha obligado a muchos a solicitar préstamos a la banca para cubrir sus gastos de operación.
Para comprender la magnitud del problema, antes hay que explicar cómo funciona el mecanismo que diseñó el Ejecutivo, que es todo lo enrevesado que puede ser. A diferencia de lo que sucede con las rebajas fiscales de las que se han beneficiado los conductores particulares desde el inicio del conflicto, las que están dirigidas específicamente al transporte por carretera no se aplican directamente en el surtidor.
Para recibir la subvención, que en su caso está fijada en veinte céntimos por litro consumido, los beneficiarios tienen que presentar una solicitud telemática ante la Agencia Tributaria, que de hecho es la misma que ya vienen utilizando desde hace años para recuperar la parte que les corresponde del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), un gravamen que para este sector goza de una rebaja equivalente a 4,9 céntimos por litro.
Según explica a OKDIARIO Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) -una de las principales patronales del gremio-, en un principio sus asociados acogieron con alivio la decisión del Ejecutivo de ingresarles la nueva bonificación a través de un mecanismo que ya conocen y que venía funcionando con puntualidad; el Fisco pagaba esos 4,9 céntimos/litro cada mes.
Todo cambió a partir de marzo, pues lo cierto es que -por ahora- son las empresas las que están financiando el llamado ‘escudo anticrisis’ por la vía de adelantarle el dinero a Hacienda.
Más de seis meses después de que entrara en vigor el primer Real Decreto anticrisis -en la terminología del Gobierno-, dos tercios de las empresas asociadas a ASTIC aún no han recibido las devoluciones. Y este balance solo incluye las liquidaciones correspondientes a los consumos realizados entre abril y junio, así que a esto hay que añadir todo lo que todavía se les adeuda del período julio-septiembre (segundo Real Decreto).
Además, y según denuncia Ramón Valdivia, en algunos casos los pagos se han efectuado solo de forma parcial y «sin que exista una explicación clara sobre los criterios aplicados ni sobre las cuantías abonadas», añade el presidente de la patronal, antes de denunciar que esta situación «genera una creciente incertidumbre en las empresas y dificulta la planificación de sus inversiones y operaciones».
Es imposible exagerar el perjuicio que estos impagos están causando al transporte por carretera, pues se trata -lógicamente- de un sector en el que los gastos en combustible suponen una buena parte de los costes de operación. Como ya se ha avanzado, la situación ha llegado al extremo de que muchas empresas se han visto obligadas a acudir a los bancos para pedir préstamos que les permitan seguir circulando. Y si otras no se han endeudado, apunta la patronal, ha sido a costa de esquilmar su propia tesorería.
A esto hay que añadir la incertidumbre que genera la propia complejidad del esquema de ayudas, que se ha ido tornando cada vez más alambicado a medida que el Gobierno iba adaptando la respuesta fiscal a los precios del crudo, quitando y poniendo subvenciones y superponiendo unas a otras sin que los transportistas puedan siquiera saber qué devolución les va a corresponder en unos meses.
En la práctica, los tres reales decretos aprobados hasta ahora mantienen una subvención de veinte céntimos por litro para los camioneros, pero sobre el papel no es así, ya que el Ejecutivo ha decidido superponer esta bonificación a las subidas y bajadas que ha ido aplicando en el IEH para que el montante final concedido nunca supere los veinte céntimos (sin contar los 4,9 céntimos de devolución ordinaria).
En puridad, la rebaja tributaria directa solo fue de esa cuantía entre abril y junio, mientras coexistió con la minoración del IVA del combustible (del 21 al 10%) de la que gozaron todos los conductores. A partir de julio, una vez el Gobierno se vio forzado a recuperar la tarifa normal del IVA —por las críticas de Bruselas, que siempre se opuso a las ayudas fiscales de trazo grueso—, el plan anticrisis quedó fiado a una reducción gradual en el IEH de la que se beneficiaron todos los automovilistas y que se aplicó directamente en el surtidor.
En principio, esa rebaja iba a ser de quince céntimos en julio, diez en agosto y cinco en septiembre, aunque el mecanismo incluía una cláusula de salvaguardia que devolvió la cuantía a los veinte céntimos -solo en el caso del gasóleo- en septiembre debido al alza de precios.
Esto alteró el plan de ayudas a los transportistas, pues la nueva reducción en el IEH había quedado sumada a la subvención de veinte céntimos, cosa que el Ejecutivo corrigió adaptando la cuantía de la segunda para que, contadas ambas figuras fiscales, la bonificación no superara nunca los veinte céntimos por litro más los 4,9 céntimos que por ley corresponden al transporte.
Este mecanismo era muy enrevesado, amén de insuficiente (en opinión de ASTIC), pero a pesar de ello la Moncloa lo ha mantenido sin cambios en el último Real Decreto aprobado el pasado 29 de septiembre, aunque ha vuelto a modificar las cantidades dado que la rebaja general del IEH en el último trimestre del año no será igual que entre julio y septiembre.
Dado que la minoración en el IEH será de veinte céntimos en octubre, trece en noviembre y seis en diciembre, la subvención para los transportistas queda en cinco céntimos en octubre, doce en noviembre y seis en diciembre. Exactamente, estas cantidades permiten que la subvención total al sector no supere nunca los veinte céntimos, más esos 4,9 céntimos ya mencionados.
Sea como fuere, en este caso podría aducirse aquello de que para este viaje no hacían falta alforjas, pues el resultado final de todo este caos tributario es que el alivio fiscal a los camioneros no mejora pese a que el precio del gasóleo no deja de subir. De hecho, desde el sector opinan que la subvención de veinte céntimos debería ser ajena a cualquier minoración general que se aplique en el IEH o, incluso, que convendría ampliarla a 0,30 euros por litro e incluso 0,40 euros si las condiciones lo justifican. Por supuesto, y esto es lo más urgente, también exigen a Hacienda que ejecute las liquidaciones mensualmente.
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