La herencia hidráulica de Aagesen: el 40% de las presas necesita obras «estructurales» para evitar desbordamientos

Dos años después de que una fatal DANA en Valencia se cobrara las vidas de 234 personas y pusiera a la vista de todos las trágicas consecuencias que se derivan de una política hidráulica ineficaz, y cuando apenas faltan quince días para poner fin a la segunda legislatura (y quizá la última) de Pedro Sánchez como presidente, el momento es propicio para hacer un balance de lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer en estos años para mantener a punto las infraestructuras hídricas, cosa que no es poco importante si se tiene en cuenta que España es el país de la Unión Europea con más grandes presas (1.225) y el quinto del mundo.

La pregunta es casi retórica, pues ya antes de que ocurriera la catástrofe en Valencia, el Colegio de Ingenieros de Caminos, la patronal de las concesionarias de infraestructuras (Seopan), la Asociación de Ingenieros de Caminos y virtualmente todos los que tienen voz en el sector venían alertando sobre el alarmante déficit de inversiones en todas aquellas instalaciones y espacios naturales que conforman el mapa del agua, una competencia dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

Hablamos de embalses, azudes, canales, torrentes, etc. Todo es importante, pero quien se lleva más titulares de un tiempo a esta parte son las presas, dado el peligro que conlleva el tener decenas de miles de hectómetros cúbicos de agua embalsados en estructuras que, de media, superan los 55 años de antigüedad (según datos del Ministerio); de hecho, de las 1.225 grandes instalaciones de este tipo que hay en nuestro país (375 son estatales y el resto, concesionadas), un 9% se construyeron hace más de un siglo.

La edad no sería un problema si no fuera por el déficit inversor, que está atestiguado por los propios informes de Transición Ecológica. Actualmente, 225 presas de las que dependen directamente del Estado requieren actuaciones de seguridad; es decir, que el 60% del parque no está en estado de revista. Incluso, el 42% precisan alguna obra de refuerzo «estructural», una definición que incluye reformas destinadas a garantizar la estabilidad del muro y demás construcciones principales para hacer frente al propio empuje del agua, terremotos o crecidas extremas.

No cabe achacarle la inacción únicamente a este Gobierno, ya que se trata de un problema en buena medida heredado, pero esto no es óbice para advertir que las dos últimas ministras del ramo —Teresa Ribera y Sara Aagesen— han hecho poco pese a que gozaban del viento de cola que ofrecían los sensacionales datos de recaudación pública de la era Sánchez (un 40% más desde 2018) y, sobre todo, los 80.000 millones de euros recibidos en fondos Next Generation, de los que más de 5.000 millones fueron consignados en su momento para políticas hídricas.

Y a pesar de esto último, la mayor parte de la red sigue a la espera de obras que el propio Ejecutivo ha calificado de «urgentes». Ya se han mencionado algunas de las lagunas del sistema, pero podría añadirse a la lista el hecho de que hasta un 4% de las 375 presas estatales no disponen de capacidad para desaguar avenidas consideradas «normales»; es decir, que sus aliviaderos (estructuras que evitan que el agua rebase por encima de la corona o muro superior) no responden bien a una crecida menor, de esas que los ingenieros gestionan de manera más o menos habitual.

Hasta aquí parece un riesgo asumible, pero no lo es tanto si se toman en consideración las riadas «extraordinarias», pues los datos oficiales indican que hasta el 16% de las presas (60) no serían capaces de enfrentarlas (al menos teóricamente).

Como su nombre indica, las avenidas extraordinarias son poco habituales. Y menos aún lo es que una presa se rompa, pero las pocas veces que un accidente de este tipo ha sucedido, los daños han sido catastróficos. En el recuerdo está la rotura de Tous (Valencia) en 1982, que provocó una ola que arrasó dos comarcas y dejó decenas de cadáveres, o la de Vajont (Italia) en 1963, que derivó en un megatsunami que mató a 2.000 personas.   

Según explica a OKDIARIO Jesús Contreras, ingeniero de Caminos y vocal de la principal asociación de la profesión (AICCP), tanto los expertos del sector como el propio Ministerio son perfectamente conscientes de que las costuras del sistema están al límite, y prueba de ello es lo que sucedió durante las primeras horas de la DANA acaecida en octubre de 2024 en Valencia.

Pasada la tragedia, toda la atención se centró en el barranco del Poyo, un torrente que atraviesa varios municipios del área metropolitana de la capital del Turia y cuyo desbordamiento provocó la mayor parte de las muertes. Sin embargo, lo cierto es que ese fatídico 29 de octubre «nadie estaba pensando en el Barranco», asegura Contreras, dado que toda la atención estaba fija en la presa de Forata. Luego se supo que esta estuvo a poco más de un metro de desbordarse por su margen derecha, hecho que hubiera provocado un vertido sin control que, al impactar en la base de la estructura, podría haberla socavado, con el consiguiente riesgo de derrumbe de todo el edificio, explica el ingeniero.

Le preguntamos a Contreras sobre las razones de este déficit inversor, y empieza por la ideología. Según él —y esta es una opinión extendida en la profesión—, durante demasiados años la política hidráulica ha estado condicionada por las premisas que trajo la Agenda Verde, que provocó un sesgo a favor de los presupuestos orientados a la restauración de ecosistemas naturales o el mantenimiento de los llamados ‘caudales ecológicos’, que es la cantidad mínima de agua que se estima que necesita un río para mantener su biodiversidad.

Los datos dan la razón a nuestro experto, pues según un reciente informe publicado por Seopan, de los aproximadamente 20.000 millones de euros presupuestados para los actuales planes hidrológicos (que abarcan de 2022 a 2027), apenas un 21% se han destinado al suministro de agua. Esto significa que ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado previeron gastar mucho más en reducir la demanda que en aumentar la disponibilidad; es decir, que se pensó menos en hacer infraestructuras y más en que el sistema fuera sostenible.

De hecho, los planes elaborados para cada cuenca recogen como «esquemas importantes» la depuración de vertidos urbanos, la lucha contra la contaminación difusa, la recuperación ambiental del espacio fluvial y los objetivos ambientales en zonas protegidas de hábitats y especies (Red Natura 2000), nada que tenga directa o exclusivamente que ver con las grandes infraestructuras.

Este desequilibrio, explica Contreras, gobernó toda la política hidrológica impulsada por Teresa Ribera desde 2018. Y cuando el Gobierno tomó conciencia de que había que gastar más, apareció el problema añadido de su incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, hecho que le ha obligado a corregir los errores del pasado a través de modificaciones de los límites de gasto y otros atajos ejecutivos.

De hecho, hace apenas un mes el Consejo de Ministros aprobó una de estas modificaciones al comprometer 419,3 millones extra hasta 2030 en política hídrica. De estos, unos 150 millones se van a destinar específicamente a resolver las actuaciones «urgentes», dentro de un compromiso mayor que pasa por gastar 4.000 millones de euros durante la próxima década solamente para abordar el déficit de seguridad de estas instalaciones. El problema con esto, claro está, es que para hacerlo hay que ser capaz de aprobar unos Presupuestos.