El Gobierno rebaja al 10% el IVA del diésel y la gasolina como pedía el PP ante la guerra en Irán

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 20/03/2026 09:19
  • Actualizado: 20/03/2026 13:51

El Consejo de Ministros extraordinario que se ha convocado para este viernes, 20 de marzo, ha planteado una serie de medidas para frenar el impacto de la guerra de Irán en los precios. En concreto, destaca una rebaja del IVA generalizada del 21% al 10% en los carburantes, como consecuencia del encarecimiento de la gasolina y del diésel por este conflicto.

Esta decisión se produce después de que el diésel y la gasolina hayan alcanzado en nuestro país los 2 euros el litro. De igual forma, desde las asociaciones de gasolineras y de transportistas se había solicitado que se llevará a cabo alguna medida para paliar la subida del precio de los carburantes similar a la bonificación de 20 céntimos por litro que ya se aplicó por la guerra de Ucrania en 2022.

Así, esta rebaja del IVA forma parte de un amplio paquete de medidas que se aplicarán principalmente en la electricidad y los carburantes. No obstante, desde que comenzara la crisis de precios desde el PP ya se había solicitado una reducción del IVA de carburantes al 10% porque «el coche es una necesidad».

El PP ya pidió la rebaja del IVA de los carburantes

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, había reclamado al Gobierno de España una reducción «temporal» del IVA de los carburantes del 21 al 10% para «aliviar la carga que supone la subida constante y permanente» de sus precios, especialmente en un territorio «rural» como el aragonés.

Asimismo, otra de las medidas propuestas por el PP es bajar al 10% el IVA de la energía mientras dure la guerra y un alivio fiscal de 200 euros en el IRPF.

El paquete anticrisis que ha aprobado hoy el Gobierno elimina también el impuesto especial a los hidrocarburos, suprime el impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5%, y baja el impuesto al valor de la producción eléctrica.

Así, el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa un plan que abarca cuatro dimensiones: medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables.

La primera de estas dimensiones es la estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables -incentivando comunidades energéticas, autoconsumo o bombas de calor- y la electrificación.

La segunda de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.