El Gobierno no tocará IRPF ni IVA pero quitará deducciones en Sociedades y subirá los Especiales

El Gobierno ha comenzado la negociación presupuestaria de cara a 2017 con los grupos parlamentarios estableciendo dos líneas rojas en materia fiscal: cumplir el objetivo de déficit público pactado con Bruselas y no aumentar la carga tributaria en el IRPF y el IVA.

El resto de figuras fiscales están abiertas a modificaciones, especialmente en lo referente al Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales. En el primer caso se eliminarán deducciones para elevar el tipo efectivo que abonan las grandes empresas y, en el segundo, se estudia subir la fiscalidad a los carburantes, alcohol, tabaco e, incluso, crear un tributo que grave las bebidas azucaradas. Todo ello sin olvidar los impuestos medioambientales.

Según ha podido saber OKDIARIO, este menú fiscal es el que está sobre la mesa, aunque primero es necesario aprobar el techo de gasto. El Ejecutivo quiere que todo el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 sea negociado para evitar sorpresas cuando el proyecto de ley llegue a las Cortes.

Y en este contexto se están produciendo ya los primeros encuentros entre responsables gubernamentales y representantes de las distintas fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario, tal como ha confirmado hoy el nuevo portavoz del Ejecutivo, el también ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

«Quiero hacer una apelación a todas las fuerzas políticas para que seamos responsables. Nadie entendería en Europa que a un Gobierno recién investido se le negara la capacidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado», ha indicado. El portavoz ha indicado que primero se aprobará el techo de gasto y que, hasta entonces, no se podrá saber el alcance de la reforma fiscal, aunque fuentes gubernamentales han confirmado que “no se tocará IRPF ni IVA” pero se quitarán deducciones en Sociedades y se podrán realizar subidas de Impuestos Especiales.

De esta forma, el Ejecutivo se olvida de su promesa de bajar el IRPF, por lo menos hasta que España retome la senda del equilibrio presupuestario que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la eurozona en materia de déficit público y que establece la obligación de que la brecha entre ingresos y gastos no supere el 3% del PIB.

Como el objetivo pactado con Bruselas es cerrar 2017 con una brecha fiscal del 3,1% del PIB, la prometida rebaja del IRPF se aprobará, como pronto, en los PGE de 2018, tal como ha pactado el partido del Gobierno con Ciudadanos. El PP incluyó en su programa electoral la disminución del tipo mínimo del IRPF (hasta 12.450 euros anuales de ingresos) del 19% al 17%, y del máximo (más de 60.000 euros) del 45% al 43%.

En cuanto al IVA, el objetivo es no elevar los tipos (del 4%, del 10% y del 21%), aunque “se podría hacer una reestructuración de los bienes que están en cada uno de los tramos”, según las fuentes consultadas. El Ejecutivo no quiere penalizar a los hogares con un aumento de este impuesto, ya que lastraría el consumo y, por ende, la demanda interna, que es uno de los pilares del crecimiento económico actual.

Por lo que se refiere al Impuesto de Sociedades existe un debate interno en el seno del Gobierno respecto a la subida del esfuerzo fiscal que hacen las empresas, ya que una mayor carga tributaria terminaría impactando sobre la creación de empleo. No obstante, Ciudadanos está presionando mucho para que se elimine la batería de deducciones que provoca que muchas grandes empresas paguen un tipo efectivo inferior al general.

De hecho, el pacto firmado por Albert Rivera y Mariano Rajoy antes de la investidura contemplaba “reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto”, es decir, que sólo queda la vía de eliminar las bonificaciones para alcanzar este objetivo. Si se lleva a cabo esta medida los ingresos extra serían de unos 4.500 millones de euros y servirían para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit público para 2017.

En cuanto a los Impuestos Especiales, durante los últimos años economistas de todos los partidos han insistido mucho en la idea de que la fiscalidad de productos como los carburantes y las bebidas alcohólicas son más bajos que en el resto de Europa y que, por lo tanto, hay recorrido para elevarlos.

En cada reforma fiscal se plantea este argumento, junto con el de la necesidad de gravar todo tipo de actividades bajo la excusa de que con ello se protege el medioambiente. Sobre este particular es sobre el que hay menos concreción, pero las fuentes consultadas apuntan que incluso se podría crear un nuevo tributo a las bebidas azucaradas, aprovechando la reciente petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propone un gravamen del 20%.

Otros dos tributos sobre los que existen dudas sobre su configuración final son el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Todos los partidos menos el PP quieren acabar con la facultad que otorga la actual normativa a las comunidades autónomas para establecer bonificaciones a estos impuestos. En algunos casos alcanzan el 100%, lo que supone que en la práctica no hay que pagar nada al Fisco.

Ciudadanos quiere «armonizar» estos impuestos en todo el conjunto nacional, lo que supone acabar con este tipo de bonificaciones lo que ya ha provocado tensiones en la Comunidad de Madrid, donde el PP gobierna gracias a la formación que lidera Albert Rivera.

Además de la baza fiscal, el Gobierno dispone de dos ases en la manga para lograr ingresos que permitan avanzan en la senda del equilibrio presupuestario. Tal como ha avanzado en exclusiva OKDIARIO, en las negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias el Ejecutivo está planteando la posibilidad de sacar a Bolsa otro 11% de AENA, ante el éxito de la anterior colocación, e iniciar un proceso de privatización parcial de Loterías y Apuestas del Estado.