El FROB debe entregar al juez el informe de Deloitte sobre el Popular pese a la negativa de Bruselas

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Ministerio de Economía, deberá entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu toda la documentación sobre la resolución del Banco Popular –incluido el informe de valoración realizado por Deloitte– aunque la Junta Única de Resolución (JUR) europea siga negándose a hacer público el documento sin censurar.

«Líbrese atento oficio al FROB a fin de que remita a este Juzgado la copia certificada de los expedientes administrativos completos abiertos en relación con el Banco Popular (…) y en particular el generado por el procedimiento comunitario de resolución con entrega del informe de valoración llevada a cabo por el experto independiente [Deloitte]», reza el auto al cual ha tenido acceso OKDIARIO.

Esta exigencia forma parte de una petición masiva de documentación a los organismos e instituciones que tuvieron algo que ver en la resolución del Banco Popular. Y se ha realizado mediante un auto judicial pocos días después de que la JUR hiciera público el informe de Deloitte parcialmente desclasificado que permitía conocer algunos detalles sobre la valoración, que hasta ahora habían estado ocultos para los afectados y la opinión pública.

Este documento difundido por la JUR desvela que los ajustes necesarios para sanear el balance del Banco Popular antes de la resolución alcanzaban, en el mejor de los escenarios posibles, los 11.800 millones de euros, aunque el valor de la entidad para una posible venta ascendía a 1.300 millones. Los otros dos escenarios presentaban para el Popular valoraciones negativas: en el central de -2.000 millones de euros y en el menos optimista de -8.200 millones.

Al magistrado de la Audiencia Nacional no le basta con esta versión del informe y ha reclamado al FROB y a la JUR mediante el citado auto que le entregue una copia del original. Fuentes jurídicas indican a OKDIARIO que el organismo europeo puede negarse argumentando que debe ser un tribunal de justicia comunitario el que le solicite la documentación, aunque el FROB no tendrá más remedio que enviárselo.

Preguntado por esta cuestión un portavoz oficial del FROB ha explicado a este diario que por el momento no ha recibido el auto del juez Andreu y que, por lo tanto, es pronto para determinar las exigencias que plantea el magistrado a esta entidad creada para articular el rescate de las antiguas cajas de ahorros con fondos europeos.

El abogado Felipe Izquierdo, personado en la causa que investiga la resolución del Banco Popular como acusación particular, espera que el FROB no ponga trabas y entregue la documentación solicitada con la mayor celeridad posible, aunque teme que el organismo dependiente del Ministerio de Economía espere a que Deloitte elabore el informe de valoración definitivo, ya que el entregado a la JUR y objeto de polémica es provisional.

Santander, Bankia, Morgan Stanley y Citibank

El Banco Santander también tendrá que entregar documentación al juez Andreu, que solicita las valoraciones tanto previas como posteriores a la compra del Popular, así como las ofertas que pudiera haber formulado en los últimos dos años. Según la versión de la carta de venta hecha pública por la JUR el banco que preside Ana Botín fue el único que presentó una oferta vinculante para adquirir el Popular en la madrugada del pasado 7 de junio.

El juez también pone el foco en Citibank, a quien exige «los informes y borradores emitidos a solicitud del Santander relativo al análisis del estado financiero del Banco Popular con el objeto de valorar su potencial adquisición».

Otra entidad financiera afectada es el banco de inversión Morgan Stanley, a la que el magistrado reclama cualquier información elaborada sobre el estado financiero del Popular a petición de Bankia para analizar su compra.

Saber si la valoración fue adecuada

Una vez que reciba todas esta documentación Andreu podrá determinar si la valoración realizada por Deloitte por encargo de la JUR fue adecuada, al compararla con la realizada por las entidades financieras que se planteaban adquirir Popular. Sorprende que el juez no solicite sus informes a BBVA, ya que hasta el último momento fue candidato a pelear con el Santander para conseguir el banco que presidía Emilio Saracho.

En este contexto, hay que recordar que Deloitte envío una carta a la JUR en la víspera de la resolución del Popular en la que indicaba que no había tenido tiempo suficiente para realizar un trabajo de valoración profundo. «A la vista de la difícil posición de liquidez (…) se nos ha requerido hacer este informe en un periodo de tiempo extremadamente corto», argumentaba la auditora.

Las fuentes consultadas indican que el hecho de que la firma de servicios profesionales dispusiera tan sólo de 12 días para elaborar el informe, en lugar de las seis semanas pactadas con la JUR a finales de mayo, podría ser un elemento clave para que no se le exijan responsabilidades si Andreu determina que la valoración no fue correcta.

Peritos investigan las cuentas

Por otra parte, el juez Andreu también ha solicitado a dos peritos del Banco de España que analicen si la ampliación de capital del Popular llevada a cabo en 2016 fue limpia, estableciendo si el folleto presentado a los inversores «presentaba la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación».

Además, los dos peritos tendrán que dictaminar su las cuentas anuales de la entidad financiera correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 «se confeccionaron de acuerdo a la normativa contable» incluyendo los ajustes comunicados en abril de 2017. Otros de los elementos que el magistrado pide analizar son la estrategia del Popular para capear su crisis de liquidez, la operación Sunrise, su modelo de negocio y la «evolución y causas de la resolución de la entidad».