Los fondos inician el embargo de 688 millones de España en EEUU por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 17/03/2026 00:01
  • Actualizado: 17/03/2026 00:01

El embargo de bienes de España en países como Estados Unidos y Reino Unido por los impagos a las renovables del Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más cerca. Los fondos acreedores han dado el primer paso en los tribunales de EEUU para localizar bienes embargables de España en el país, donde hay siete sentencias contra España que suman casi 700 millones de euros por estos impagos a las renovables.

Ante la negativa del Gobierno de Sánchez a pagar los arbitrajes perdidos con los fondos internacionales por los recortes a las primas a las renovables, estos han intensificado en las últimas semanas su estrategia global de ejecución de las sentencias que tienen ganadas ya en los tribunales ordinarios, donde acudieron para cobrar sus indemnizaciones por la estrategia de Sánchez de no pagar esos laudos y pelear en los tribunales.

Después de obtener una serie de resoluciones favorables en distintas jurisdicciones, la ofensiva legal de los fondos ha entrado ahora en una nueva fase. Este nuevo paso se apoya en las recientes victorias cosechadas en el Supremo de Singapur y Reino Unido, pero también avanza en Estados Unidos, donde el reconocimiento de siete laudos como sentencias plenamente ejecutables abre la puerta a mecanismos procesales destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos de España en este país.

Los fondos acreedores afectados por los impagos a las renovables del Gobierno han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que podrían existir activos susceptibles de embargo.

En el marco de esta nueva fase, han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos (discovery orders) y se han emitido requerimientos judiciales (subpoenas) dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios a España, así como a organismos públicos vinculados al Estado.

Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo. Los requerimientos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026.

Estas diligencias tienen como finalidad determinar si existen bienes o derechos del Estado español localizados en Estados Unidos que puedan ser objeto de ejecución. Este tipo de medidas es habitual en procedimientos de ejecución internacional cuando un deudor continúa ignorando un laudo arbitral que ya ha sido reconocido por tribunales competentes.

En total, la deuda acumulada por España alcanza los 688 millones de euros, cantidad que crece cada día por los intereses de demora. Son siete los casos en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones). Todos estos litigios fueron dirimidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.

Esto sólo en Estados Unidos. A mediados de marzo de 2026, la deuda  acumulada de España con sus acreedores supera ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.

El conflicto de los impagos a las renovables viene del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2007 aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, decidió unilateralmente recortar esas primas al 7%, lo que motivó que los fondos acudieran en masa a los tribunales de arbitraje.

Estos tribunales dieron la razón a los fondos, pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagarlos, con el apoyo de la Unión Europea, al entender que se trataría de ayudas de Estado no permitidas en la UE. Los fondos acudieron entonces para reclamar sus indemnizaciones a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

El último paso ha sido que el Supremo de Reino Unido ha tumbado la última estrategia de España, la de aferrarse a la inmunidad soberana de España. Ante esta resolución del Supremo británico, los fondos que tienen sentencias ganadas en Estados Unidos han dado el paso de identificar bienes embargables sin esperar a que el Supremo de Estados Unidos se pronuncie sobre la inmunidad soberana de España en los tribunales de ese país.