La independencia le costaría a los Entrecanales 300 millones de euros

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, se juega mucho en la deriva secesionista que pretende poner en marcha la plataforma Junts Pel Sí tras las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia en la que anula todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), compañía que facturó 56 millones de euros en 2014 y tiene activos por valor de 446 millones.

El TSJC se convertiría en el órgano judicial de máxima instancia cuando se produjera la secesión y mantendría su decisión de anular el proceso privatizador, para el cual Acciona ya ha adelantado un tercio del dinero.

Ejecutar esa sentencia es una patata caliente para el gobierno catalán, sea el que sea. Raül Romeva, cabeza visible de la coalición Junts pel Sí, ya ha dicho públicamente que apuesta por suspender el concurso de privatización y revertir de nuevo la empresa de aguas al control de la Generalitat. Fuentes financieras confirman que existe «consternación» en Acciona por los resultados electorales catalanes.

Acciona posee en la actualidad el 39% de la compañía de aguas y esperaba poder lograr el 100%, junto con un grupo de socios, entre los que destaca el banco brasileño BTG Pactual. Además, los Entrecanales (José Manuel y su primo Juan Ignacio, vicepresidente de Acciona) controlan un 12% adicional a través de las firmas Global Lubbock y Global Buridan.

En 2012, la Generalitat adjudicó ATLL a Acciona por 1.000 millones de euros con un contrato de concesión de 50 años. Era la mayor privatización realizada por el gobierno catalán. Sin embargo, la otra empresa que optaba al concurso, Aguas de Barcelona (Agbar) presentó alegaciones porqué, a su juicio, la licitación vulneró «los principios de publicidad, concurrencia e igualdad».

El TSJC considera que se produjeron irregularidades y por ello ha anulado el proceso de adjudicación. El problema es que Acciona ya había adelantado 300 millones de euros a la Generalitat y otros cinco millones en inversiones, dinero que debe ser devuelto –con intereses- por el gobierno catalán.

Acciona y el banco brasileño van a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que no serviría de nada si, tras una victoria de los independentistas, la deriva secesionista convierte al TSCJ en el órgano judicial de máxima instancia y su decisión se ratifica. En cuanto al dinero adelantado, las maltrechas arcas públicas catalanas no podrían hacer frente al desembolso, especialmente su una eventual ruptura genera una crisis financiera en Cataluña como consecuencia de la salida de la eurozona.

Problemas financieros para Acciona

Según confirman fuentes financieras, la anulación de la privatización “ya está generando graves problemas financieros para Acciona”, empresa con una deuda financiera neta de 5.295 millones de euros según los datos del pasado ejercicio fiscal. De hecho, la compañía se ha visto obligada a pedir un préstamo sindicado de 1.800 millones de euros a un conjunto de casi 20 entidades financieras, para refinanciar su pasivo.

Los Entrecanales y el banco brasileño no son los únicos que están atrapados en este limbo judicial que se generará tras las elecciones catalanas. El consejero de la constructora Fernando Rodés tiene una importante participación en la sociedad Acacia ISP (otro de los socios que ganaron el concurso), así como de la multimillonaria catalana Liliana Godía y su marido Manuel Torreblanca.

Ellos componían la “cuota catalana” del proyecto ganador de la privatización. Todos esperan el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña para saber si será el Supremo o el TSJC el órgano competente para determinar el futuro de ATLL.