La engañifa de la ley ‘antiokupas’: todas estas casas siguen estando a merced de los okupas

La reciente aprobación de la nueva ley antiokupas ha sido recibida con alivio por muchos propietarios en España. Sin embargo, cuando lees la letra pequeña, te das cuenta de que los okupas siguen teniendo la sartén por el mango.

La nueva normativa sí que ha tenido importantes avances. Por ejemplo, ha prometido agilizar los desalojos en un plazo máximo de 48 horas, con lo que aborda uno de los grandes problemas: el exceso de burocracia.

Sin embargo, la ley ha hecho caso omiso a una de las grandes problemáticas de la okupación ilegal en nuestro país. Por increíble que parezca, el fenómeno de la inquiokupación ha quedado fuera de los desalojos exprés.

Es decir, aquellos inquilinos que dejen de pagar el alquiler y pasen a okupar la propiedad, todavía podrán alargar el proceso durante meses mediante la vía judicial.

Las limitaciones de la nueva ley contra los okupas

La ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025, y se centra en los delitos de usurpación y allanamiento de morada. En estos casos, permite que los desalojos se realicen en un plazo de 48 horas.

Este avance es significativo para los propietarios que enfrentan okupaciones ilegales en sus casas. Sin embargo, la ley no contempla la más peligrosa: la inquiokupación.

Esto es una modalidad en la que un inquilino, tras firmar un contrato de alquiler legítimo, deja de pagar la renta y se niega a abandonar la vivienda.

La explicación legal de la exclusión es que, en estos casos, no se considera un delito flagrante, sino un incumplimiento contractual, lo que implica que el desalojo debe tramitarse por la vía civil, un proceso que puede extenderse durante meses o incluso años. ​

¿Cuál es la diferencia entre inquiokupación y okupación?

La inquiokupación ocurre cuando un inquilino, que inicialmente accedió a la vivienda de forma legal mediante un contrato de alquiler, deja de cumplir con sus obligaciones de pago y se niega a desalojar el inmueble.

A diferencia de la okupación tradicional, donde los okupas entran sin permiso del propietario, en la inquiokupación existe un contrato que complica el proceso de desalojo.

Esta situación coloca a los propietarios en una posición vulnerable, ya que deben iniciar un procedimiento judicial. Esto no sólo aumenta el tiempo de desalojo, sino que supone muchos costes.

Por ejemplo, pago de suministros, abogados, seguros, etc. Todo eso sin contar que el propietario deja de percibir unos ingresos, que tenía previstos y que, en muchos casos, estaban destinados al pago de la hipoteca.

Estrategias para evitar que los inquilinos se conviertan en okupas

Dado que la nueva ley no ofrece soluciones rápidas para la inquiokupación, es fundamental que los propietarios adopten medidas preventivas en el momento de alquilar sus inmuebles:

• Selección rigurosa de inquilinos: realizar un análisis detallado de la solvencia económica del potencial inquilino, solicitando informes financieros y referencias laborales. ​
• Consultar las listas de morosos: verificar si el candidato figura en registros de impagos puede alertar sobre posibles problemas futuros. ​
• Desconfiar de pagos adelantados significativos: aunque puede parecer beneficioso, el pago de varias mensualidades por adelantado sin una justificación clara puede ser una señal de alerta. ​
• Contratar un seguro de impago de alquiler: estas pólizas ofrecen protección en caso de que el inquilino deje de pagar, cubriendo las rentas adeudadas y, en algunos casos, los gastos legales asociados al desalojo.