La dimitida Ana de la Cueva fue la mayor defensora de Plus Ultra en el consejo del fondo de rescate

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 24/05/2021 04:44
  • Actualizado: 24/05/2021 04:44

Las actas del consejo del fondo de rescate de la SEPI que aprobó la inyección de 53 millones en la aerolínea Plus Ultra demuestran que la decisión fue tomada por unanimidad de sus cinco miembros y que la principal defensora de la operación fue Ana de la Cueva, entonces secretaria de Estado de Economía. La número dos de Nadia Calviño dimitió hace dos semanas coincidiendo con la apertura de una investigación judicial por este rescate.

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha admitido la personación en las diligencias del PP y de Vox, quienes han solicitado, entre otros documentos, las actas de la reunión del consejo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI en que se tomó la decisión de inyectar 53 millones de dinero público (34 millones de un préstamo participativo y 19 de un crédito ordinario) a la aerolínea.

En dicha sesión, De la Cueva fue quien defendió con más ahínco el rescate de esta compañía de capital venezolano y dirigida por empresarios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hizo amparándose en los informes teóricamente independientes de Deloitte y Daiwa, y en el de la Agencia Española de Seguridad Aérea.

Sus argumentos derivaron en una aprobación unánime de la operación, a pesar de que considerar «estratégica» a Plus Ultra era bastante difícil de sostener; en ese punto, se aferraron a la necesidad de mantener el hub con Latinoamérica de la T4 de Barajas, pese a que esta compañía no hace ninguna ruta que no esté cubierta por otra aerolíneas.

El consejo del citado fondo está compuesto por el presidente de la SEPI, en ese momento el vicepresidente Bartolomé Lora en funciones, y cuatro vocales: la citada Ana de la Cueva; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; la subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque; y el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Según algunas fuentes, en la reciente dimisión de De la Cueva pesó la imputación judicial en el caso de la aerolínea.

Presión para que los informes fueran favorables

Como ha denunciado OKDIARIO, el propio Gobierno ha presionado (y sigue presionando) a los funcionarios de la SEPI para que hagan informes favorables a los rescates decididos por motivos políticos, incluyendo el de Plus Ultra. Estos informes no solo sirven para permitir operaciones que no deberían hacerse, sino que son la base para los que elaboran los asesores externos (Deloitte y Daiwa en el caso de la aerolínea), ya que estos no van más allá de la información facilitada por la SEPI, y así lo reflejan en sus disclaimers.

De ahí que la defensa más probable de los implicados será echar la culpa a los técnicos de la SEPI por darles esa información, pese a que estos fueron presionados por el Ejecutivo para emitir una opinión favorable. Por otro lado, la citada jueza ha cometido el error de abrir diligencias a todo el consejo de la SEPI, compuesto por 15 personas, entre ellas las cinco que componen el consejo del fondo de rescate. Las otras 10 quedarán margen porque las decisiones de rescates no las toma el consejo de la SEPI, sino el del fondo, y luego son refrendadas por el Consejo de Ministros.

Inicialmente, las diligencias judiciales se abrieron por malversación de caudales públicos, pero la querella de Vox amplía los delitos a cohecho, prevaricación, delito contra la Hacienda pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias. Asimismo, ha conseguido que la jueza impute a la propia Plus Ultra y que le solicite una profusa documentación sobre su accionariado y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El escándalo del rescate de Plus Ultra y el nombramiento de una nueva presidenta de la SEPI tras año y medio con el cargo vacante han provocado la paralización de las ayudas a numerosas empresas turísticas e incluso la marcha atrás en operaciones que ya estaban acordadas, como la compra de la planta de Alcoa en Lugo. Precisamente, esta marcha atrás se ha plasmado en una carta remitida por otro de los imputados en el caso de la aerolínea, Raúl Blanco.