Economía
Impuesto a las transacciones financieras

CECA advierte de que la ‘tasa Tobin’ dañará la competitividad de la Bolsa española

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha advertido de que la adopción de forma unilateral de un impuesto a las transacciones financieras "produciría un daño en la competitividad del mercado de capitales español y la deslocalización de operaciones de renta variable hacia otros mercados donde no existe un impuesto de esta naturaleza".

Para la patronal de las cajas, el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras debería llevarse a cabo de forma global o al menos en coordinación con los países que forman parte de la UE.

La CECA se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley que crea el nuevo impuesto a las transacciones financieras, con el que el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros, y que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Este nuevo Impuesto, conocido como ‘tasa Tobin’, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera «conveniente» establecer a nivel nacional.

Siguiendo el modelo francés, se someterá a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la ‘tasa Tobin’ la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que Hacienda ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.