La banca recurre el nuevo ‘impuestazo’ de Sánchez al sector

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 03/06/2025 17:35
  • Actualizado: 03/06/2025 17:35

Las asociaciones bancarias AEB y CECA, las dos más representativas de las entidades financieras en España, han recurrido el nuevo impuestazo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere implementar en el sector de la banca. Así, ambas organizaciones han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta acción se suma al recurso presentado por la banca ante la Audiencia Nacional en 2023 contra la orden ministerial que estableció el impuestazo temporal, aplicado entre 2023 y 2024. El nuevo tributo, aprobado a finales de 2023, reemplaza al gravamen temporal y tiene una vigencia limitada a tres ejercicios: 2024, 2025 y 2026.

El nuevo recurso de la banca incide en el rechazo que ya expresó el sector en noviembre, cuando se aprobó el nuevo diseño del tributo. Con la publicación de la orden ministerial, las asociaciones vuelven a cargar contra el impuesto por sus «graves efectos» para la financiación de familias y empresas, su impacto «negativo» para la inversión y, en general, su «perjuicio» al conjunto de la economía.

Además, tanto AEB como CECA inciden en que la banca española es la única gravada por un impuestazo de este tipo en Europa, algo que, según consideran, es una «merma competitiva» respecto al resto de entidades bancarias europeas.

El impuestazo de Sánchez a la banca

Las asociaciones recordado que, al igual que sucedió con el gravamen extraordinario, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto y advirtió de sus «efectos adversos», entre otros motivos, por «limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios», además de poder producir «consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito».

También el Informe de Estabilidad Financiera de Primavera del Banco de España compartía las conclusiones trasladadas por el BCE y señalaba que «puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo». Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente informe, publicado en abril, solicitaba al Gobierno español «discontinuar» este nuevo impuesto, explican las asociaciones en un comunicado.

A finales de 2024, el Congreso de los Diputados dio su visto bueno a una revisión del gravamen que supuso su conversión en un impuesto propiamente dicho, con una escala progresiva en función de los ingresos del 1% al 7%, y una deducción por el pago del impuesto de sociedades, entre otras novedades.