La locura de la Audiencia Nacional: imputa como «cómplice de genocidio» al presidente de Sidenor porque vendió acero a Israel

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 24/10/2025 10:53
  • Actualizado: 24/10/2025 19:07

La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por vender, sin autorización del Gobierno de Sánchez, acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI). Así lo ha decidido el juez Francisco de Jorge. Así, el veto al país hebreo impuesto por el Ejecutivo se cobra su primera víctima.

La Audiencia Nacional lo ha dado a conocer este viernes y ha detallado que también investiga a otros dos directivos y que el juez instructor ha levantado el secreto de las actuaciones.

El magistrado mantiene que estos profesionales tendrían pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas de Israel, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Esta venta de acero se habría llevado a cabo, según la audiencia, sin haber solicitado autorización del Gobierno de Sánchez ni inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados en esta causa, iniciada raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar por el juez como investigados el próximo 12 de noviembre.

Sidenor en la Audiencia Nacional

El instructor sostiene que los hechos ocurridos en Gaza son de conocimiento público, tanto por la cobertura diaria de los medios de comunicación como por la calificación provisional de delito formulada por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), entre otras personas y organismos internacionales.

Por otro lado, el juez considera que los hechos son atribuibles también a la empresa Clerbil SL, que ejerce como administradora única de Sidenor Holdings Europa.

No obstante, el magistrado entiende que no procede por ahora considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, «dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva».

El juez aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley transposición 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, ha explicado el tribunal.

Para el profesional, se puede aplicar en este caso la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes, ya que se cumple esa condición «en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas», ha agregado la AN.

Talgo

Sidenor se encuentra inmerso en un consorcio con el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital para comprar Talgo. Sin embargo, tal y como reveló este periódico, la empresa quiere salirse de la operación, ya que supondría hipotecar la compaía de José Antonio Jainaga, que además no obtendrá ninguna sinergia (ahorro de costes) con el fabricante de trenes.

Y, al igual que el resto del consorcio, tendría que asumir una fuerte pérdida de saque de casi el 40%: la diferencia entre los 4,25 euros citados y los 2,57 a los que cerró Talgo este jueves en Bolsa.