El fiasco de la España rural de Sánchez: deja sin ayudas a 870 operadores locales y pone en riesgo el 5G

En España, existen más de 870 operadores locales de telecomunicaciones y servicios de internet, la mayoría de ellos presentes en el mundo rural, pero las ayudas del Gobierno para tender fibra óptica hasta el hogar se restringen a muy pocos y ya con cierta dimensión, lo que está retrasando la cobertura en pueblos o aldeas donde no llega por razones de orografía.

Desde 2019, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, las ayudas públicas del programa Único para la extensión de la banda ancha comenzaron a centrarse en el ámbito provincial, lo que significaba que el operador que quisiera optar a esas subvenciones tenía que comprometerse mediante una propuesta a dotar de cobertura a todo el territorio. Eso ha hecho que los adjudicatarios tuvieran un tamaño más o menos relevante -como Telefónica, Avatel o Adamo- y sistemáticamente se quedara fuera la mayoría de los pequeños operadores. Muchos de estos son pymes que van creciendo como una mancha de aceite, instalando fibra únicamente en los municipios donde se encuentran y en otros aledaños.

«Necesitamos unas ayudas justas para la extensión de la banda ancha donde el operador local pueda entrar a competir en igualdad de condiciones con el resto», señaló Antonio García, presidente de la Asociación de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC), en una entrevista con OKDIARIO.

Los damnificados no son solo los que resultan excluidos, que operan en dos o tres localidades, sino los habitantes de esos pequeños núcleos rurales dispersos en España que dejan de tener acceso a internet de calidad porque las ayudas no están dirigidas a unidades singulares de actuación, es decir, zonas puntuales -denominadas blancas o grises- que carecen de la cobertura adecuada por su situación geográfica. «Los despliegues de redes se podrían haber hecho mejor», aseguró.

Según el informe de cobertura del Gobierno publicado en julio de 2021 -los últimos datos disponibles-, el 63% de la población en áreas rurales tenía cobertura de más de 100 Mbps en 2020, en torno a 5,3 millones de personas, lo que significa que 3,1 millones no tenían conexión de calidad a finales de ese año. Las previsiones del Ejecutivo apuntan a que ese porcentaje se elevará al 87% al término de 2022, con lo que todavía 1,1 millones de personas estarán sin conectividad en España.

Todos los años se abre una consulta sobre el mapa de zonas blancas -aquellas donde no hay operador ni lo va a haber en tres años- y grises -donde lo hay pero no llega a los 100 Mbps y no hay previsión de que haya otro en tres años-. Sin embargo, hasta 2018 los operadores podían pedir ayudas por entidades de población -menos que un municipio, incluso núcleos de viviendas o pedanías-. Ahora el marco es distinto y si antes se otorgaba una subvención por cada lugar con déficit de cobertura, en la actualidad se concede una por provincia.

En otras palabras, eso significa que, aunque España es líder en Europa en conexiones de banda ancha con fibra óptica -tenemos más que Alemania, Francia e Italia juntos-, se está desaprovechando a los operadores locales como herramienta para llevar conectividad al mundo rural.

Oídos sordos del Gobierno

Por ello, AOTEC lleva demandando desde hace tiempo al Gobierno, con el que mantiene un «diálogo continúo», que reparta más las ayudas entre los operadores locales si realmente quiere acelerar el despliegue de fibra en esas zonas, sin tener que esperar a una planificación que consuma más tiempo. En este sentido, García recordó que las Comunidades Autónomas se han apoyado mucho en estos actores para llegar a polígonos industriales.

Pero es que el replanteamiento de este modelo de ayudas será vital para la llegada del 5G a la España vaciada, ya que si no, los operadores locales irán tendiendo infraestructura a pulmón, con sus recursos propios, y, por tanto, más lentamente. «El problema lo tendremos cuando nos demos cuenta de que la banda ancha de 5G no está en todo el país, sino en los mismos sitios de siempre», advirtió García.

Además, instó al Gobierno a que realice una cesión a los pequeños operadores de las frecuencias en las zonas rurales para que el 5G sea allí una realidad.  «El 5G va a suponer un cambio de paradigma», afirmó. «Avanzar en digitalización hará al tejido productivo rural ser más competitivo y tener más opciones de futuro. También generará más empleo de calidad e inclusión social. El 5G sin duda es una más y una mejor ‘industria’», resaltó.

En juego está que el teletrabajo no pueda implantarse en la España rural. «Las pequeñas y medianas poblaciones ya perdieron la Revolución Industrial. No debemos dejar que esta vez pierdan también la revolución de la digitalización. Y en eso el Gobierno tiene la palabra», reclamó García, que consideró que es «imprescindible» que el despliegue del 5G se produzca al mismo tiempo en los pueblos y en las grandes urbes. «Y para eso el operador local puede ser esencial. Tenemos capacidad de inversión y estamos sobre el terreno. Debe haber cesión de espectro a operadores alternativos», continuó.

«Dejar todo el desarrollo del 5G en manos de las cuatro empresas con espectro no favorece ni a los territorios ni a los ciudadanos. Hay que abordar su despliegue de forma muy distinta al 4G, que, incluso ocho años después, sigue sin llegar a muchas zonas», denunció.