Álvarez (UGT) califica de «leyenda urbana» el cobro de 200 millones en subvenciones directas del Estado

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la creencia de que los sindicatos están subvencionados es una «leyenda urbana» pese a que las organizaciones sindicales recibieron el año pasado casi nueve millones de euros del Gobierno central en ayudas directas, tal como se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El sindicalista de Unión Sindical Obrera (USO), Pepe Vía, desmiente las palabras de Álvarez: «Las ayudas de todo ámbito que reciben los sindicatos mayoritarios no es una leyenda urbana, es una realidad que desde luego se tiene que acabar. El estatus de sindicato más representativo que en la Transición que se les dio a CCOO y UGT les está suponiendo unas ventajas económicas verdaderamente descomunales».

Las subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad «por la realización de actividades de carácter sindical», recogidas, en el BOE, indican que UGT recibió en 2015 3,2 millones de euros del Estado, a lo que hay que sumar las subvenciones autonómicas. En los últimos diez años, los sindicatos han recibido casi 200 millones de euros de subvenciones directas, de los que la mayor parte recalaron en UGT y CCOO.

Sin embargo, el líder de UGT denuncia que «en este país a los afiliados a los sindicatos se les pide que paguen con la cuota sindical la gestión de los derechos de todos los trabajadores y eso no puede ser». No sólo eso, sino que Álvarez considera que España, «lejos de lo que se pueda pensar, tiene una deuda con las organizaciones sindicales».

En ese punto, Pepe Vía recuerda a Álvarez que «ya en la Transición Democrática, Antón Saracíbar cuando era secretario de Organización de UGT planteó el canon de negociación: cobrar a todos los trabajadores por negociarles el convenio colectivo. Por aquel entonces, USO reclamó al Tribunal Constitucional, que dictaminó que las peticiones de Saracíbar violaban la Constitución y la libertad de sindicación. La libertad sindical también es la libertad para afiliarse o no afiliarse», concluye el miembro de USO.

«Hay una leyenda urbana que dice que los sindicatos estamos subvencionados. Pues yo no voy a tardar mucho tiempo en demostrar que lo que está subvencionado es la actividad de relaciones laborales para el conjunto de los trabajadores. ¿Saben por quién está subvencionado? Por los afiliados a los sindicatos», señala el secretario general de UGT.

Vía, por su parte, considera que con estas actuaciones no es de extrañar que los ciudadanos tengan esta opinión de los sindicatos: «Lo único que yo reclamo desde USO es que por favor no nos metan a todos en el mismo saco. Que cuando hablen de sindicatos hablen de CCOO y UGT que son los se llevan el dinero, no del resto que nos llevamos los sopapos».

En los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las subvenciones a sindicatos crecieron hasta los 29 millones de euros. Con la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo, las ayudas cayeron hasta los 11,1 millones de euros en 2012 y llevan congeladas en 8,9 millones desde 2013.

Además, los afiliados sindicales se benefician de unas deducciones fiscales de 233 millones de euros anuales por el simple hecho de financiar las distintas organizaciones creadas en España para, en teoría, defender los derechos de los trabajadores. Según datos de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso OKDIARIO la desgravación media que se aplicaron estos sindicalistas en el IRPF de la pasada Campaña de la Renta asciende a 128 euros.

Las cifras de Hacienda revelan que hay 1,8 millones de ciudadanos que declararon el pasado año haber pagado cuotas sindicales para poder acceder a las deducciones fiscales, una cifra inferior a la oficial que publican las organizaciones, lo que supone que los sindicatos engordan su volumen de afiliados para lograr una mayor legitimidad social.

En otro orden de cosas, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo declaró ilícita la cotización obligatoria del 0,1% de su sueldo que los trabajadores tenían que abonar para mantener las fundaciones laborales. En concreto, la de Hostelería y Turismo y la de Comercio gestionaron fondos por valor de 100 millones de euros, pero la sentencia podría ser determinante para el futuro de otras fundaciones similares.

La sentencia del Tribunal Supremo no discute la aptitud jurídica de un convenio colectivo para crear una fundación con la finalidad que lo ha sido en este caso, pero señala que «no puede imponer obligaciones pecuniarias a los trabajadores afectados por el convenio consistentes en sufragar económicamente a la fundación surgida del convenio sino que esas aportaciones pecuniarias sólo pueden ser voluntarias».