Alemania se desmarca de Sánchez: aprueba limitar el precio final que pagan los ciudadanos por gas y luz
Alemania se desmarca de Pedro Sánchez y ha aprobado limitar el precio final que pagan los ciudadanos por la luz, el gas y la calefacción, frente a la apuesta del Gobierno español por topar el precio del gas en el mercado mayorista -que luego añade el coste de la compensación a las gasistas encareciendo el precio final que paga el consumidor-. La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) ha aprobado (con los votos de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales) los planes del Gobierno para introducir un freno a los precios del gas, de la electricidad y de la calefacción urbana.
En relación al gas, está previsto que los particulares y las pequeñas y medianas empresas paguen un contingente del 80% del consumo del año anterior a un máximo de 12 céntimos brutos por kilovatio/hora, mientras que los clientes industriales abonarán un máximo de 7 céntimos netos por un contingente del 70%.
La energía de calefacción tendrá un tope de 9,5 céntimos para los hogares, las pymes y las entidades sanitarias y educativas; y de 7,5 céntimos para las empresas.
En el caso de la electricidad, el primer grupo de consumidores pagará un máximo de 40 céntimos por kilovatio/hora bruto para el 80% del consumo pronosticado, mientras que los clientes industriales tendrán un tope de 13 céntimos más impuestos para un contingente del 70%.
El freno del precio del gas recibió 372 votos a favor, 257 en contra y 33 abstenciones; mientras que el freno al precio de la electricidad se ratificó con 273 votos a favor, 187 en contra y 101 abstenciones.
En el debate parlamentario, la diputada y colíder de Los Verdes Ricarda Lang ha acusado a Rusia de usar los precios de la energía como arma «para destruir la solidaridad con Ucrania y dividirnos», y ha criticado la dependencia del gas ruso de Alemania durante las últimas décadas.
«Hoy debemos decir que el gas ruso nunca fue barato, el precio lo pagan hoy millones de ciudadanos», ha subrayado.
Ha explicado que, parte de las medidas, se financiarán a partir de los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, ya que es «cuestión de justicia» usar estos recursos cuando «muchas personas no saben cómo llegar a fin de mes y unos pocos hacen grandes ganancias».
Andreas Jung, diputado de la oposición conservadora, ha criticado que el trabajo de la coalición de Gobierno a la hora de elaborar las medidas no ha sido «serio» y ha rechazado algunas recomendaciones de la comisión de expertos creada para dar solución a la crisis del gas.
Según ha argumentado, esto afectará sobre todo a los sectores de la industria que consumen grandes cantidades de este combustible, que no podrán acogerse al freno del precio y se enfrentarán a «obstáculos y restricciones».
Las medidas aprobadas este jueves entrarán en vigor en marzo 2023, aunque se aplicarán con efecto retroactivo para reducir los precios de enero y febrero del año que viene, y se mantendrán por lo menos hasta abril de 2024.
Según el Gobierno del canciller Olaf Scholz, se trata del «núcleo» del plan extraordinario dotado con 200.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.
Las medidas en el ámbito del gas y la calefacción urbana tienen un coste estimado de 65.000 millones de euros en 2023 y 2024, mientras que el gobierno planea invertir 43.000 millones de euros en el freno del precio de la electricidad en 2023 y que el resto se financie a través de los beneficios extraordinarios de las eléctricas.
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