Airbnb recurrirá la multa millonaria de Consumo mientras Meliá celebra que es una sanción «adecuada»

Airbnb recurrirá la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por anunciar viviendas sin licencia. Según explican desde la plataforma, la sanción es «contraria al marco legal español y europeo» defienden que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración en julio, han colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación. Se trata de la segunda mayor multa impuesta por Consumo, solo después de los 108 millones de euros de sanción a Ryanair.

Airbnb ha aclarado que más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma: «La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas», han protestado.

Al respecto de la multa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha aclarado este lunes que aunque Airbnb tenga el derecho a recurrir la sanción, la multa «es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar», ha comentado.

Meliá celebra la multa a Airbnb

En este contexto, el consejero delegado y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha aplaudido la sanción y ha considerado que Consumo ha hecho lo correcto: «Creo que es adecuada esta multa, ya se había avisado en varias ocasiones a Airbnb. En diciembre de 2024 se le dijo que no podían comercializar oferta ilegal y lo siguieron haciendo», ha comentado este lunes.

El empresario ha advertido que España «tiene un problema muy grande, que es la necesidad de combatir la ilegalidad» no solo en el alquiler vacacional sino también en los hoteles, los ‘party boats’, los taxis piratas o los «pseudoguías» turísticos sin titulación.

«Nos resta competitividad. Todo el mundo tiene que acogerse a unas reglas del juego, a un marco de actuación, y sin lugar a dudas ese marco tiene que cumplir con la legalidad», ha subrayado.

Airbnb ha vuelto a reiterar que es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. Además, consideran que en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TJUE, dictó una sentencia «clave»: «La información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia», ha finalizado.