Las CCAA ingresan 24 millones semanales por el impuesto a 1.312 millones en hipotecas

La decisión del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de mantener la jurisprudencia que desde el año 1995 venía obligando al cliente y no a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) supone un alivio para el mercado hipotecario español, que financia a la semana unos 1.312 millones de euros. Y para las arcas públicas, que no tendrán que hacer frente a una avalancha de reclamaciones de los hipotecados afectados.

Según datos de la Asociación Hipotecaria Española, en 2017 se firmaron en este país 429.931 hipotecas por valor de 60.844 millones de euros. Una cifra que será superada este año si se consolida la tendencia del primer semestre, en el que la firma de préstamos hipotecarios alcanzó los 33.926 millones de euros (un 8% más que en el mismo periodo del año anterior).

Gracias a ese volumen de hipotecas, el 80% de las familias españolas puede acceder a una vivienda en propiedad. Mientras, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos participan del negocio vía impuestos. De hecho, según reconoció este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados hubiese generado a las comunidades autónomas un agujero de 5.000 millones de euros. Es decir, que los gobiernos regionales ingresan unos 24 millones de euros semanales por este concepto.

Dado que el cliente abona ese tributo a las CCAA cuando adquiere una vivienda, como establece el Reglamento 68.2 del Impuesto, era la Administración la que más expuesta iba a estar en un primer momento a las potenciales reclamaciones, con un impacto en el déficit del próximo año de entre cuatro y cinco décimas, un coste que a falta de un recorte de gasto equivalente hubiera puesto en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Un programa de Bruselas en el que este país está incluido desde 2009 y en el que permanece en solitario por la dificultad de los Gobiernos españoles de cuadrar las cuentas públicas.

Pero, además, cambiar las reglas de juego del mercado hipotecario a mitad de la partida y con la amenaza de hacerlo con carácter retroactivo suponía un riesgo para las entidades financieras en un momento en el que sufren las consecuencias de los bajos tipos de interés en la Eurozona y los altos costes de capital derivados de la fuerte regulación bancaria.

Según Moody’s, el impacto de un posible cambio de criterio del Supremo hubiera tenido un impacto en la banca de unos 640 millones de euros anuales. Una cifra que se sumaría al coste que han tenido que asumir las entidades en Bolsa desde que se difundió la sentencia del pasado 18 de octubre.

Pese a que las comisiones bancarias en España son un 58% más bajas que en el promedio de la UE,  el IAJD es uno de los más caros

Desde la jornada anterior a ese día hasta ayer, Banco Santander ha perdido 847 millones de euros, BBVA 978 millones de euros, Sabadell 464 millones de euros, Caixabank 1.315 millones de euros y Bankia 848 millones de euros.

Además de ese daño en Bolsa, un cambio inesperado en la jurisprudencia pondría en riesgo el mercado de cédulas hipotecarias en un momento clave, puesto que a partir del próximo año se enfrenta a los efectos que tendrá el fin de las compras nuevas de este tipo de productos financieros por parte del Banco Central Europeo (BCE) por el fin de su programa de estímulos.

Pese a que las comisiones bancarias en España son un 58% más bajas que en el promedio de los principales países de la UE, según datos de la AEB, el IAJD es uno de los más caros de Europa. De hecho, este tributo solo es compartido por algunos países, como Italia, Francia o Portugal, mientras que otros, como Reino Unido o Alemania no tienen esta figura tributaria. Además, el impuesto no tiene el mismo impacto para todos los españoles. En función del territorio en el que se ubique la vivienda, el impuesto que cobran las CCAA oscila entre el 0,5 y el 1,5% del importe de la hipoteca.