El Gobierno acude a las elecciones con 18,85 millones de personas dependiendo de un sueldo, pensión o ayuda pública, el 48% del censo

Casi la mitad del censo electoral que tiene derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre depende de los reales decretos que está aprobando el Gobierno en plena campaña electoral. Este viernes ha sido el primero de los cuatro que tiene previstos y ha dado el primer paso para subir las pensiones entre un 3% y un 4%, dependiendo del dato final de inflación de noviembre que se conocerá el 27 de este mes, dos días antes de votar. En principio, el último consejo de ministros se celebrará el martes 24 de noviembre, con el dato de la inflación de este mes sin confirmar.

El Gobierno puede influir desde el Consejo de Ministros sobre la economía de un amplio sector de la población con derecho a voto el 29 de noviembre. En concreto, 18,85 millones de personas dependen en España de un sueldo, pensión o prestación pública. El censo para el 29-N es de 38,7 millones de personas, al margen de los exiliados y de que finalmente tengan derecho a votar por la ley de nietos.

De acuerdo con los datos de octubre, en España hay 10,56 millones de pensionistas, que votarán casi con toda probabilidad conociendo ya cuánto va a subir la pensión en 2027.

Lo que suban las pensiones subirá también el ingreso mínimo vital, aunque tampoco es descartable que suba aún más como en años anteriores, igual que las pensiones más bajas, como las de viudedad. En España, según datos del Gobierno, en octubre hay 2,78 millones de personas que reciben esta prestación, puesta en marcha en el verano de 2020 y que está siendo polémica por la negativa del Ejecutivo a retirar las reclamaciones de devolución de la ayuda a familias en situación vulnerable.

Además, en el país ha crecido el empleo público de manera importante, también por las contrataciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Según el INE, hay 3,73 millones de personas encuadradas dentro de empleo público, funcionarios.

Los funcionarios también están pendientes de conocer su subida de sueldo para el año próximo, por lo que también podría ir en uno de los tres consejos de ministros que tiene previsto el Gobierno celebrar antes de ir a votar.

Un cuarto colectivo de personas con derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre y que depende también del Boletín Oficial del Estado (BOE) que controla el Gobierno de Sánchez son los parados que reciben una prestación.

El Ejecutivo ha mejorado también las condiciones de estas prestaciones y las ayudas a los mayores de 52 años, y para el año que viene depende también lo que haga el Gobierno estos días. Según el Departamento de Trabajo, hay 1,76 millones de parados que cobran una prestación en España.

En total, hay 18,85 millones de votantes susceptibles de comprar su voto, aunque en el caso de los pensionistas el PP ya ha dejado claro que se revalorizarán con el IPC, como hasta ahora.

Salario mínimo

A esos 18,85 millones de personas se suman los que cobran el salario mínimo, unos 2,5 millones de trabajadores. Ellos están pendientes de lo que haga antes de las elecciones Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que ya ha propuesto subirlo de nuevo en 2027 un 5,3%, más que la inflación media del año, que rondará el 3,6%.

De acuerdo con los plazos previstos, antes del 29 de noviembre el Gobierno aprobará el real decreto con esta subida, para lo que no necesita un acuerdo con los agentes sociales ni el apoyo del Congreso. Subirá a 18.004 euros anuales, 1.500 euros mensuales brutos en 12 pagas.

En definitiva, las condiciones económicas de 21,3 millones de potenciales votantes el 29 de noviembre dependen del Gobierno, y de lo que haga en los próximos 13 días. Es más del 50% del censo electoral.