Así funcionaría el reclutamiento militar si España entrase en guerra: estos serían los primeros ciudadanos en ser llamados a filas

• Janire Manzanas
• Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.
• • 10/05/2026 08:00
  • Actualizado: 10/05/2026 08:00

¿Qué ocurriría si hubiera una guerra en España? ¿Cómo sería el sistema de reclutamiento? Los primeros en ser movilizados serían los profesionales que ya integran las Fuerzas Armadas españolas, que actualmente suman en torno a 148.000 efectivos. En un segundo escalón estarían los voluntarios; esta figura ya existe en tiempos de paz: los ciudadanos pueden inscribirse, recibir formación militar básica y quedar a la espera de ser activados si fuera necesario.

En el tercer nivel se situarían los reservistas, incluyendo a antiguos militares profesionales que han pasado a la reserva tras años de servicio. A este grupo se les podría volver a llamar, aunque en muchos casos se les asignarían funciones de apoyo, logística o mando. Finalmente, si fuera necesario ampliar aún más el reclutamiento, se podría recurrir a la población civil; hombres y mujeres entre 18 y 53 años, siempre que superen evaluaciones médicas y físicas. Esto se apoya en el artículo 30 de la Constitución Española, que establece que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender España».

¿Qué pasaría si España entrara en guerra?

El artículo 123 de la legislación española establece que los Reservistas Voluntarios y los Reservistas de Especial Disponibilidad (antiguos militares de tropa) tienen prioridad absoluta. Sólo en el caso de que estos dos colectivos no sean suficientes para cubrir las necesidades de personal, el Estado puede recurrir a la Reserva Obligatoria. Este sistema garantiza que la movilización de ciudadanos se utilice únicamente como último recurso y en situaciones excepcionales.

La figura del Reservista Obligatorio se define en el artículo 136 de la Ley 39/2007. Los ciudadanos que podrían ser llamados a filas si España entra en guerra son hombres y mujeres de entre 19 y 25 años: «El Gobierno establecerá, mediante real decreto, las normas para la declaración general de reservistas obligatorios que afectará a los que en el año cumplan una edad comprendida entre 19 y 25 años. Los Reservistas Obligatorios podrán ser asignados a prestar servicios en las Fuerzas Armadas o en otras organizaciones con fines de interés general para satisfacer las necesidades de la defensa nacional».

Sin embargo, la activación de la Reserva Obligatoria está sometida a un control político muy riguroso. El artículo 139 de la Ley 39/2007 indica que la incorporación de civiles solo puede producirse tras la aprobación de un Real Decreto por el Consejo de Ministros, el cual requiere además la autorización previa del Congreso de los Diputados. Esta doble intervención institucional reduce la posibilidad de movilización forzosa y deja en manos del Parlamento la decisión final.

El desarrollo reglamentario de la reserva se recoge en el Real Decreto 383/2011, que regula todo el procedimiento de incorporación. Este decreto establece que los posibles movilizados deben superar reconocimientos médicos que certifiquen su aptitud física y psicológica para el servicio militar. El sistema funciona como una medida preventiva, en línea con la tendencia europea hacia ejércitos profesionales y modelos basados en reservas voluntarias.

Negarse a acudir al ejército tras una convocatoria legal en caso de guerra en España constituye un delito que puede conllevar penas de prisión. Si un civil es llamado como reservista obligatorio y no se presenta tras la autorización oficial, puede enfrentarse a sanciones de hasta tres años de cárcel, además de la inhabilitación para trabajar en la administración pública.

La única vía legal para no participar en combate es la objeción de conciencia, que implica la realización de un servicio civil alternativo obligatorio, como tareas en protección civil o en un hospital. En el caso de militares en activo, las sanciones son más severas. La deserción o la desobediencia en tiempos de guerra pueden suponer penas de entre cinco y 15 años de prisión, mientras que la ausencia injustificada superior a 24 horas puede castigarse con entre tres y 10 años de cárcel.

Reservistas y población civil

El primer recurso adicional serían los Reservistas, quienes se dividen en tres grupos

1. Especial disponibilidad. Son antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que dejaron el servicio activo, pero mantienen el compromiso y la posibilidad de ser convocados nuevamente.
2. Voluntarios. Son civiles que han mostrado interés en colaborar con el Ejército en caso de necesidad y han pasado por un proceso de selección junto con una formación básica.
3. Reservistas obligatorios. Representarían el último nivel si las necesidades de defensa superaran la capacidad disponible del Estado, incluyendo a ciudadanos entre 18 y 53 años sin experiencia militar previa.

Si se alcanzara un escenario de emergencia que hiciera necesaria la movilización de la población civil, el Gobierno tendría que seguir un procedimiento gradual. En primer lugar, se movilizaría a los reservistas voluntarios y a los de especial disponibilidad. Si esto no fuera suficiente, sería necesaria la autorización del Congreso de los Diputados para iniciar el proceso de reclutamiento obligatorio.

Las personas convocadas recibirían una notificación oficial y tendrían que rellenar un formulario en el que declararían su estado de salud, condición física y posibles habilidades útiles para las Fuerzas Armadas. Después, serían sometidas a pruebas médicas, psicológicas y de aptitud física.