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Antena 3

Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ sacan los colores a Sánchez con un vídeo demoledor sobre vivienda: «Los hechos irrefutables»

"Metéis unas prisas a Sánchez... Son sólo 8 años, si vuelve a gobernar, igual arregla todo", comentan con ironía

El problema del acceso a la vivienda en España se ha consolidado como la principal brecha socioeconómica del país y una de las mayores vulnerabilidades políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este clima de creciente tensión social y electoralismo, El Hormiguero ha emitido en el prime time de este martes un contundente vídeo que retrata, tirando de hemeroteca, las promesas no cumplidas y las contradicciones del presidente del Gobierno, en este caso, en política de vivienda.

Durante la emisión del programa de Antena 3, Pablo Motos dio paso a una recopilación de momentos recogidos en vídeo que el propio presentador calificó de «hechos irrefutables». El montaje audiovisual repasó cronológicamente las declaraciones y compromisos asumidos por Pedro Sánchez desde el inicio de su mandato hasta la actualidad, y los contrastó directamente con la realidad.

Entre las intervenciones rescatadas, El Hormiguero destacó las solemnes promesas realizadas en distintas campañas y actos oficiales: desde la movilización inicial de 10.000 viviendas públicas en 2021 hasta los sucesivos anuncios de miles de inmuebles promovidos por la SAREB o la construcción de macrocomplejos en terrenos del Ministerio de Defensa. Un rosario de anuncios triunfalistas -reforzado con afirmaciones como «esta legislatura va a ser la de la vivienda»- que choca frontalmente con la persistencia de los desahucios a familias vulnerables y con la escasa ejecución real de parque público entregado.

Tras la proyección del vídeo, la mesa de tertulianos reaccionó con una mezcla de indignación e ironía. Juan del Val tiró de sarcasmo para señalar la paciencia que la ciudadanía demuestra con Pedro Sánchez: «No le damos oportunidad a Sánchez. Son sólo ocho años. Si ahora vuelve a gobernar, a lo mejor se arregla todo. Es que metéis unas prisas…». La mesa, compuesta también por Rubén Amón, Rosa Belmonte y María Dabán, apuntó el abismo existente entre la propaganda institucional y la precariedad cotidiana de los ciudadanos.

La política de vivienda de Pedro Sánchez se ha caracterizado por un despliegue de leyes y decretos -encabezados por la Ley de Vivienda- que, lejos de solucionar la tensión del alquiler, han acentuado la desconfianza de los propietarios y la reducción de la oferta disponible en el mercado, así como el trasvase masivo de inmuebles hacia modalidades como el alquiler de temporada o por habitaciones, y ha endurecido con ello las condiciones de acceso para los inquilinos tradicionales.

Asimismo, de las más de 180.000 viviendas prometidas en diferentes fases de la legislatura, el número final de inmuebles habitables puestos a disposición de la ciudadanía sigue siendo residual en comparación con las necesidades estructurales del país. A ello se suma un encarecimiento constante del metro cuadrado, tanto en régimen de compraventa como de arrendamiento, que ha ahogado la capacidad de ahorro de la juventud y de las familias de rentas medias y bajas.

La paralización del acceso a un techo digno ha acabado por reactivar la protesta ciudadana que el Gobierno intenta instrumentalizar en su favor en campaña. Para el PSOE, el problema de la vivienda ha pasado de ser una bandera social a convertirse en un campo de batalla electoral que busca rearmar la movilización de la izquierda bajo el argumento de combatir la especulación. Sin embargo, como puso de manifiesto El Hormiguero, los «hechos irrefutables» y la incontestable hemeroteca continúan desnudando las contradicciones entre la narrativa gubernamental y la experiencia de los españoles.

A esta marejada política y social se le ha sumado además un chocante capítulo que desacredita la narrativa oficial del PSOE contra los grandes propietarios: las informaciones publicadas que han puesto en el foco a Sergi Vélez, la pareja de Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Sitúan a éste al frente de una mercantil dedicada a la gestión residencial, que cuenta con una cartera de decenas de pisos en alquiler. Un señalamiento que evidencia la grieta entre el discurso público del partido -centrado en criminalizar a los tenedores de vivienda- y la realidad económica que rodea a sus propios dirigentes.

La polémica se ha encendido aún más al trascender que dicho grupo inmobiliario habría promovido procesos de desahucio por impago contra inquilinos, un extremo especialmente sangrante para un Gobierno que abandera el «escudo social» y la moratoria de lanzamientos. Frente a las acusaciones, Mínguez ha reaccionado tildando las informaciones de «ataque personal».