Condenado a siete años por amañar contratos sanitarios un sobrino del ex conseller Rafael Blasco

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que van desde los 16 meses a los siete años de prisión a seis de los 11 acusados por amañar la adjudicación de contratos sanitarios del Hospital General Universitario de Valencia y crear un entramado societario para cobrar comisiones por 1.022.628 euros. Todo ello, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La Audiencia, además, ha absuelto a otros cinco encausados por falta de pruebas. Los hechos juzgados ocurrieron entre los años 2005 y 2014 y, en su conjunto, se conocen como el caso Osvaldos. La sentencia no es firme y cabe contra ella recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El principal acusado, Sergio Blasco, sobrino del ex conseller de Cooperación Rafael Blasco, fue director económico del Hospital General de Valencia entre los años 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia hasta 2014. Y ha sido condenado a penas que suman siete años de prisión, 19 años de inhabilitación para cargo público y el pago de multas que en total se elevan por encima de los dos millones de euros.

La Sala le ha declarado autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho en concurso con falsedad de documento mercantil, así como un delito de blanqueo de capitales. Le absuelve de malversación de negociación prohibida a autoridad o funcionario público.

El Tribunal considera acreditado que Sergio Blasco, con la ayuda de al menos un jefe de área del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, tejió un entramado societario para favorecer a empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar, según las fuentes antes citadas. Y que, además, generó la circulación de dinero oculto mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados.

Así, el condenado influyó, según las mismas fuentes, en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio.

Los tres administradores de las citadas firmas han sido condenados a penas de tres años y dos meses, inhabilitación y multas, como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad de documento mercantil. También han resultado condenados los administradores de dos empresas a un año y cuatro meses de prisión.

La Sala absuelve también a otros cinco acusados porque no hay pruebas de su participación en la trama delictiva. Además, la sentencia acuerda el decomiso de 1.028.361 euros, de cuyo pago debe responder el antiguo gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y, de forma solidaria, en determinadas cantidades según su participación en los hechos, los otros cinco condenados.