Los policías llevan al Gobierno catalán ante la Fiscalía por un delito contra la salud al no vacunarles
En el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO los agentes apuntan a un delito en el ámbito de la seguridad por la omisión institucional de velar por los funcionarios públicos
La denuncia va acompañada de escritos al director general de la Policía y el Defensor del Pueblo por la inacción de Marlaska y su delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera
Que en toda España se haya vacunado a casi tres cuartas partes de la Policía Nacional y que en Cataluña apenas se haya superado el 5% de la inmunización de todos los agentes del mismo cuerpo y de la Guardia Civil no puede ser una casualidad. Por eso los policías sin vacunas denuncian que no se les está dotando de «los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad» sin arriesgar su vida.
De hecho, desde el mes de febrero, momento de arranque de la vacunación a los Mossos d’Esquadra, todas las asociaciones profesionales han venido denunciando la discriminación injustificada de los miembros de las policías nacionales en Cataluña con respecto a la vacuna. En estos meses nadie ha intervenido: ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, han hecho nada para remediar esta situación.
Y los Policías han dicho basta. Todas las asociaciones profesionales han mostrado su rechazo a lo que está sucediendo, pero el Sindicato Profesional de Policía ha dado un paso más y acaba de denunciar a la Generalitat de Cataluña ante la Fiscalía de esa comunidad autónoma.
La denuncia no deja lugar a dudas: «A fecha de este escrito, y salvo error, se ha procedido a vacunar a los colectivos de sanitarios, veterinarios, los Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana además de otros colectivos como bomberos. Sin embargo, a los funcionarios de Policía Nacional que prestan sus servicios en Cataluña, no están recibiendo vacunas, a pesar de ser un colectivo prioritario y sí estar siendo vacunados en el resto del territorio español».
Pese a que desde diversos colectivos se niega que la discriminación a la hora de administrar la vacuna sea de índole ideológica, lo cierto es que nadie ha explicado todavía por qué en los planes de vacunación del Gobierno catalán, y que aparecen en su propia página web, no hay ni rastro de la Policía ni de la Guardia Civil.
Lo que hace ahora esta asociación es no detenerse tanto en por qué no se les vacuna, sino detallar los delitos que creen que está cometiendo el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña al no vacunarlos.
Hasta 3 años de prisión
Si la Generalitat catalana es la autoridad encargada de vacunar a las personas de su ámbito poblacional, y no lo hace de manera injustificada con una parte de esa población, podría estar incurriendo en un delito contra la salud de los trabajadores por no facilitar «los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad». No hacerlo en este caso pone en riesgo la salud y la vida de esos agentes. Y eso está penado con hasta tres años de cárcel.
Sin embargo, el SPP no ha querido limitarse a esta denuncia a Fiscalía, sino que ha querido visibilizar su abandono institucional pidiendo amparo al Defensor del Pueblo, a quien le conmina a «intervenga de manera urgente para que se ponga fin a esta grave discriminación que carece de fundamento objetivo y que coloca a los policías nacionales en una situación de grave riesgo para su salud».
Y por si lo anterior no fuera suficiente, dada la falta de interés aparente mostrado por el ministro de todos los policías, esta asociación ha querido mandar otra carta al segundo mayor cargo político de la Policía Nacional por debajo justo de Grande-Marlaska, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.
Los policías le recuerdan la situación de sus compañeros sin vacunas y la esencia de su mandato que desde hace meses se incumple reiteradamente en Cataluña: “La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial”.
Que intervenga o no el director general o el ministro es todavía una incógnita, pero desde el resto del país, los compañeros de los policías y guardias civiles de los agentes que trabajan y viven en Cataluña, también se han unido ante esta clara discriminación.
Todas las asociaciones han querido denunciar públicamente la situación de abandono de sus compañeros, pero en el resto de España parecen escarmentados con Marlaska, ya que a él ni lo mencionan en sus ruegos para resolver la problemática en Cataluña.
“Instamos al Ministerio de Sanidad a que tome cartas en el asunto y proceda a elaborar un protocolo de vacunas para policías y guardias civiles destinados en Cataluña”. Cuando ya ni siquiera se pide ayuda al ministerio que vela por policías y guardias civiles, sino al de Sanidad, es que toda esperanza de que hagan algo ya está perdida.
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